jueves, 9 de enero de 2014

1094* La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar


Número 1094 | enero 8 de 2014 | Año IX

Loco, ¿qué fumaste?

¡Que nuestra pequeña guerra contra este gobierno

no nos despiste en la grande!


He leído en Posta distintas posiciones críticas contra la ley de regularización del cannabis. Muchos de los argumentos manejados pueden ser compartibles. Sin embargo eluden manifestarse sobre el tema principal:

¿Estamos a favor o estamos en contra de la despenalización del cultivo doméstico de cannabis para consumo propio?

Sin tomar partido en este punto crucial, todo lo demás será simple pirotecnia.
Aclaro por las dudas: Nunca fumé un porro en toda mi vida

Pero parece que hay otras formas de evadirse de la realidad.
Cualquiera que viva en este país sabe que el cultivo para consumo propio es hoy una práctica corriente, sobre todo en sectores amplios de nuestra juventud. Y todos conocemos la represión contra el circuito de aprovisionamiento de marihuana

La represión por posesión o “tráfico” es excusa oportunista para la represión sistemática de la juventud, lo que a su vez es estrictamente necesario para “domar” generación tras generación y mantener el disciplinamiento social.

Todos vemos también en las paredes la consigna "SER JOVEN NO ES DELITO", es una lucha de sectores juveniles contra la política represiva de nuestra sociedad conservadora y contra su brazo policial.

También conocemos la corrupción policial y su implicancia en las drogas.

 La "guerra contra la droga" fracasa por la simple razón de que no tiene la finalidad de acabar con el consumo de drogas, sino solamente servir para que el aparato represivo golpee en puntos vulnerables del cuerpo social y encuentre también una forma (entre tantas) de ser parasitario del delito, lo que sirve además para dos cosas: abaratarlo y disciplinarlo.

En el caso de la marihuana, es el aprovechamiento y abuso de esos puntos vulnerables lo intenta seguir sometiendo la vida privada al control represivo; ese factor de debilidad es incrementado por una legislación reaccionaria e hipócrita que penaliza indirectamente el consumo de marihuana, supuestamente permitido.

Es bien cierto también que esa debilidad es un producto cultural que tiene sus raíces en la alienación de la sociedad burguesa.

Pero una cosa es la dimensión cultural del problema (en su sentido amplio) y otra cosa su dimensión represiva. Para el pensamiento clásico de izquierda todo esto fue siempre del ABC.

Por cierto, para la izquierda oficial ya no es fácil buscar las raíces sociales del delito o la droga en el sistema de injusticia social y alienación, no lo es porque ella es responsable del mantenimiento de este “orden del desorden”, de esa enfermedad social de la cual esos fenómenos son síntomas.
Pero ¿y esa otra izquierda supuestamente incontaminada?

Es por todo esto que no me resulta aceptable que se opine sobre el tema dejando de lado este aspecto crucial.

La despenalización del cultivo del cannabis es un avance y un triunfo
¿Un triunfo de quién?
 Ah, por supuesto, la vieja izquierda “radical” que comparte el formato político de la oficial, nunca reconocerá el triunfo de un movimiento social al que es ajena, por su propia teoría y práctica reduccionista.

Como “los proletarios no se drogan”, esos serán en todo caso los “pequeñoburgueses”.

Por otro lado, me encuentro que para el Transnational Institute la ley de regularización del consumo de cannabis en Uruguay es un hito de primer destaque en todo el panorama mundial, hablan del tema a tambor batiente, les faltó decir tan solo (porque no tienen los usos de nuestra “uruguayez”) ¡uruguayos campeones!

Les recomiendo ver este sitio:

http://www.tni.org/es/infographic/la-historica-regulacion-del-cannabis-en-uruguay-en-imagenes

Por si no conocen quiénes son estos amigos:

"Transnational Institute (TNI) es un thin tank internacional de políticas progresistas. Fue fundado en 1974 en Ámsterdam y funciona como una red para académicos y activistas. -estoy citando Wikipedia-... actualmente es un instituto totalmente independiente....El programa Drogas y Democracia analiza las tendencias mundiales de las políticas de drogas y fomenta un enfoque pragmático frente a las drogas ilícitas basado en los principios de reducción de daños".

El TNI declara que la lucha contra las drogas tiene que partir de la defensa de los Derechos Humanos. Allí sí reconocemos el clásico pensamiento de izquierda.

No quiere esto decir esto que yo tome por palabra santa lo que viene de Ámsterdam ni mucho menos, nunca tomé así ni la palabra de Moscú ni la de La Habana ni ninguna otra. No voy a empezar ahora con Ámsterdam, ahora que ya estoy acostumbrado a pensar con cabeza propia.
Pero lo que no se puede ignorar es que el movimiento contra la represión del consumo de cannabis es un movimiento social mundial en plena lucha, y que es DE IZQUIERDA.

De eso no me cabe ninguna duda.


Hay muchas cosas ingenuas y desubicadas en la visión del TNI, que miran ahora a Uruguay desde afuera: pero también he leído cosas delirantes en lo que escriben algunos lectores de Posta, que lo miran desde adentro.
Hay muchas cosas en esta ley con las que no estoy de acuerdo. Pero el nudo es: despenalizar o no

Este es un gobierno capitalista, y la burguesía aprovechará cualquier área de negocio. Pero eso no quiere decir que tengamos que sostener una política represiva para no favorecer un negocio capitalista, cualquiera sabe que la prohibición favorece más aun el negocio capitalista.

Monsanto quiere explotar el negocio de la marihuana transgénica. ¿Y? 

Monsanto explota el negocio del maíz transgénico, pero no proponemos destruir todas las plantaciones de maíz y que la policía meta en cana a los que lo plantan, al revés.

Me adelanto al argumento muy atendible de que consumir maíz hace bien, y marihuana no.

Hay muchísimos consumos antisaludables, no por eso son tema policial.
También estoy en contra de prohibir que haya salero en la mesa de un restaurante. Estoy en contra del discipliamiento social por la medicalización, lo mismo vale para la medicalización "de izquierda".


Me resultó asombrosa una declaración de la Juventud del MRO que quiere promover un "asceta revolucionario", un obsesivo que está todo el día "la lucha de clases, la lucha de clases..." Muchas cosas que allí se dicen (“ideología de los trabajadores”, “materialismo dialéctico”, etc.) darían mucho para hablar, pero son demasiadas.

Solo quiero referirme aquí a esa idea de ser un "conspirador" y que "estando drogado no se puede conspirar".

Primero: Si vas a conspirar no lo andes proclamando a voz en cuello, ese "conspirador" o es un conspirador de teatro, o es un peligro.

Y otra: No es cierto que tengamos que andar conspirando todo el tiempo.
Precisamente, en una época en que el trabajo político principal es el trabajo de masas, la peor de las costumbres, el peor de los vicios políticos de la izquierda llamada "radical" es querer organizar el trabajo de masas en forma conspirativa, porque eso es conspirar contra la gente.


Y por eso mismo la gente está podrida de esos "revolucionarios"
 

FERNANDO MOYANO
- postaporteñ@ 1094 - 2014-01-08

PLUNA y el delito de "abuso innominado de funciones" (II)


El  delito de  “abuso innominado  de  funciones”  está  sufriendo  ataques  interesados.  Hay  que derogarlo para  absolver  por obra de una ley  a los  Sres. Lorenzo y Calloia. Es  anticuado,  vago  e inconstitucional.
¿Es  verdad  todo esto?


Veamos  qué dice,  para  qué está y aún si se cometió.

Art.  162  del Código Penal: “(Abuso  de  funciones en  casos no previstos  especialmente por la ley).  El  funcionario público que con abuso de  su cargo,  cometiere u ordenare cualquier  acto  arbitrario en  perjuicio de la   administración pública o de los  particulares, que no  se hallare  especialmente previsto en  las   disposiciones del Código,   será castigado con prisión  de   tres  a  veinticuatro meses e inhabilitación  especial de  dos a  seis  años”.

Este delito  se  encuentra tipificado  dentro del Capítulo  II del  título  IV   bajo el  rótulo “Abuso de  autoridad y violación  de los deberes inherentes a la  función pública”.

En otras  palabras, este delito nos protege, a los ciudadanos comunes, del abuso de autoridad: “autoridad” es quien manda o  tiene poder. 
 El  tipo de delito también  protege el buen funcionamiento de la  administración pública.

Hace unos 79  años que  este delito  fue tipificado con  estas mismas  palabras.   Ha  sido aplicado en infinidad de casos en que  la  autoridad,  excediendo sus potestades,  pasó por encima de los derechos  individuales. En otras  palabras, fue implantado para  impedir que lo  político  prevalezca  sobre lo  jurídico.

En  general los procesamientos y condenas por este delito reprimieron el mal trato  policial a los detenidos, cuando  no se  configuraba otro delito más grave como “lesiones”. 

Así  se puede  ver en el Anuario de  Derecho  Penal,  T. II p.- 38,  T.IIl p 9,  T. IX p. 9;  en la  jurisprudencia  italiana  (nuestro  código penal proviene del   código  penal italiano) se castigó como  “abuso innominado de funciones” el trato  discriminatoriamente  favorable a un  detenido.


 Es el  equivalente al concepto  de  derecho administrativo  de  “desviación de poder”.
 En el  caso, el presidente Mujica llama  al Ministro de  Economía  Cr. Lorenzo  y le  pide u  ordena que le  pida u ordene (sabemos que lo política  prevalece  sobre lo jurídico)  al  Ec. Calloia  (presidente del Banco  de la República) que  conceda un  aval para pujar en el  remate de los  aviones  “Bombardier”  de  PLUNA  al Sr. Calvo Sánchez que es en realidad el Sr. López  Mena.

Para  verificar que la orden la dio el presidente, bastó  oír los elogios del presidente al Cr. Lorenzo  cuando renunció. El Cr. Lorenzo  cumplió cierta “ley”: se   hundió  sin  despegar los labios. Hubiera podido o hubiera  debido  decir “fue una orden  del presidente.

¿No le deja  esto un  gusto amargo, Sr. Presidente?


No  está en las funciones del  presidente ni del ministro hacer lo que  hicieron. Lo  que  no  se  ve es el  perjuicio. No hubo otros  postores en el  remate y  la seña  perdida se paga,  se  pagará o  se concertó cómo pagarla.  No  se  ve el perjuicio ni,  por tanto,  el delito.

El delito  que no  se ha investigado y  donde no hay  procesados  ni indagados,  es la misma ley  de  PLUNA

 Es  un delito mucho más grave y nadie se ocupa de él,  aunque  hubo de  haber  perjudicados  (los acreedores de PLUNA S.A.),  lo que fue impedido por la  declaración de  inconstitucionalidad  por la  Suprema Corte. Lo del aval, Calvo Sánchez,  López Mena etc. 

  Es puro  carnaval. No   es  delito disfrazarse.


El Sr. Presidente dice que él  se  hace  responsable.
 No dice la verdad. 
 Asumir  la  responsabilidad es  decir  la verdad. 

Diga que fue  él que  impulsó,  a  través de su desgraciado  ministro   lo  del  aval a “Cosmo”.  Esto  no  es particularmente  bueno;  pero no  es  lo peor del asunto
 

JORGE ARIAS -
postaporteñ@ 1094 - 2014-01-08

Grave escándalo en la Fiscalía General de San Isidro

Investigan el vínculo de Julio Novo con una

red internacional de narcotráfico

El cuestionado funcionario, factótum del pacto secreto entre intendentes, policías y fiscales, está en su peor hora. La justicia federal lo tiene en la mira por encubrir los crímenes de tres colombianos. El fin de una vaca sagrada de la familia judicial

Ricardo Ragendorfer-Tiempo Argentino 5/1/14


La noticia –publicada el 31 de diciembre por Tiempo Argentino– no mereció la debida atención del espíritu público, pese a sus imprevisibles consecuencias políticas y judiciales. Lo cierto es que en la historia delictiva argentina no hay antecedente alguno de un episodio semejante: el súbito allanamiento de una fiscalía general; en este caso, la de San Isidro, en virtud de una grave denuncia contra su titular, Julio Novo –presentada nada menos que por un subordinado suyo, el fiscal Luis Angelini– por ofrecer tranquilidad a una red internacional de narcotráfico al sabotear la pesquisa sobre los crímenes de tres colombianos en el Gran Buenos Aires. 

La irrupción policial –ordenada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado– alcanzó los despachos de los fiscales generales adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro.

Hubo otra requisa simultánea en la fiscalía descentralizada de San Fernando –en donde Angelini tenía su oficina antes de ser apartado– y una "visita de cortesía" a la Procuración de la Suprema Corte provincial, a cargo de la doctora duhaldista María del Carmen Falbo, quien a último momento esquivó el escarnio de una revisación forzosa con la entrega voluntaria de la documentación requerida. 


   A esta altura, no deja de sorprender que las sangrientas secuelas de una interna en el corazón del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia propiciaran la peor desventura de Novo, una de las vacas sagradas de la familia judicial, y no sin herir en el norte bonaerense el pacto secreto entre intendentes, policías y fiscales

ADIÓS A LAS ARMAS

Una de sus más recientes apariciones públicas ocurrió en julio de 2013, durante un acto del Frente Renovador en San Isidro. En esa oportunidad, el líder del espacio, Sergio Massa, tuvo una frase de elogio para su persona: "El fiscal general hace muy bien su trabajo." Novo, entonces, sonrió con 
humildad. Antes fue efusivamente abrazado por un candidato a concejal por el distrito; era Juan Carlos Rebollo, un antiguo dignatario de la Maldita Policía de Eduardo Duhalde sospechado de haber integrado el personal de un campo de exterminio durante la última dictadura.

También aplaudía a rabiar un sujeto de ojos rasgados y kilos de más; no era otro que el comisario retirado Ángel Casafuz, quien años atrás había sido jefe de Delitos Complejos y Narcocriminalidad de la Bonaerense. Su presencia remitía a una vieja historia. 


En los corrillos de la mazorca provincial aseguran que en la mañana del 3 de junio de 2002, Casafuz recibió una llamada telefónica. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba nada menos que el fiscal general de San Isidro.
El doctor Novo, un hombre con fama de duro e implacable, no había comenzado ese lunes de la mejor manera. Al parecer, mientras todavía tomaba los últimos sorbos de café y su esposa se disponía a llevar a los chicos al colegio, irrumpieron tres ladrones en su hogar, ubicado en la calle Catamarca al 600, de Acassuso. Sólo los dichos del fiscal consignan esa cantidad de intrusos


. Otra versión señala que había un solo delincuente. El caso es que este ahora yacía en el suelo con tres balazos en la espalda. Y Novo empuñaba una pistola aún humeante. Al parecer, el muerto estaba desarmado. Los vecinos aseguran que, antes de llegar la policía, acudió al domicilio en cuestión un hombre de ojos rasgados y kilos de más. Curiosamente, en el expediente –instruido por una subordinada de Novo, la doctora Alejandra Dotti– quedaría asentado que, junto al cadáver del ladrón, había "un revólver calibre 32".

En 2009, 13 fiscales de San Isidro impulsaron un pedido de jury para Novo, a quien describían como un "psicópata perverso".

Lo acusaban de arbitrariedad, filtración de datos reservados, trabas burocráticas, parcialidad, y malos tratos.

Finalmente, la doctora Falbo archivó el expediente. 

Por aquellos días, su intromisión en el caso por el asesinato de María Marta García Belsunce era notable. En esa ocasión, Novo interpuso desde su cargo un cúmulo de obstáculos para entorpecer la pesquisa. Desde el envío de allegados suyos para retirar partes del expediente hasta remplazar al fiscal Diego Molina Pico por otro, para luego reponerlo al iniciarse el primer juicio, pero con tres fiscales adjuntos que en realidad estaban alineados con la defensa.

En resumidas cuentas, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en consolidar un sistema que a los fiscales les exige mano dura, condenas sin pruebas, acusar por las dudas. Y con un férreo control sobre ellos. Un control cifrado en el hostigamiento, en coacciones de toda índole. Para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de meter un palo en la rueda abocada a la fabricación de culpables en escala mayorista.

Sus desvelos punitivos encajan con los de Massa, cuya plataforma incluye el endurecimiento penal, la flexibilidad de las garantías procesales y la saturación de cámaras en las calles.

Tales iniciativas cuentan con el aval de otros intendentes alineados con él. Todos ellos (Humberto Zuccaro, en Pilar; Luis Andreotti, en San Fernando; Gustavo Posse, en San Isidro, y Jorge Macri, en Vicente López) controlan con destreza desde sus respectivos municipios los índices de la violencia urbana a través de una encomiable convivencia con el Ministerio Público y los uniformados. 

En este punto cobra relevancia la figura de Novo, un gerenciador de esa cofradía

En paralelo, sin embargo, Novo tiene numerosos pedidos de juicio político por estorbar causas por narcotráfico y ajustes de cuentas en el marco de dicha actividad.

En definitiva, el fiscal general influiría negativamente en el esclarecimiento de los delitos para los que Massa propone aumentar las penas. No obstante, el intendente de Tigre insiste: "Novo hace muy bien su trabajo."


MUERTE A LA COLOMBIANA

El 24 de julio de 2008 se produjo la ejecución casi quirúrgica de dos narcos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez. Se trataba de Jorge Quintero Gartner y Héctor Edison Duque Ceballos, alias "El Tetudo". Pertenecían a un cártel de drogas conocido como Grupo Cordillera, encabezado por el paramilitar Carlos María Jiménez, actualmente preso en Medellín.

Siete meses después, otro colombiano vinculado al mismo cártel, Juan Galvis Ramírez, fue enviado por un sicario al Mas Allá, frente a una tienda de artículos náuticos en San Isidro. Las alevosas maniobras del doctor Novo para entorpecer la pesquisa dieron forma a la denuncia penal del fiscal Angelini en su contra. 


La primera causa era tramitada por el fiscal Diego Grau; la otra, por Angelini. Al principio, Grau se reunió con fiscales de Mercedes y La Matanza por investigaciones conexas; pero el adjunto de Novo –Marcelo Vaiani– le ordenó que abandonara el encuentro y acudiera a su despacho para impartirle directivas sobre la forma de llevar estadísticas.

Novo luego abortó un pedido de allanamiento en la empresa de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, encarcelados dos años después por narcotráfico en España.


A continuación, el fiscal general apartó a Grau de la pesquisa por lo del Unicenter, relegándolo sin fundamentos a tareas menores.


En su reemplazo, Novo nombró en forma verbal a Angelini, pero sin proveerle ni siquiera un escritorio. Al mismo tiempo, le asignó la fiscalía de San Fernando con un plazo perentorio de 120 días para que finalizara las 1000 causas tramitadas allí.


A partir de entonces, las intromisiones de los adjuntos Vaiani y Rodrigo Caro se plasmaron en torpezas programadas –como el extravío de importantes pruebas– y otras zancadillas.


Pero también en un insistente monitoreo de la pesquisa para saber si involucraba a otras personas. 


La frutilla del postre consistió en frustrar un viaje de Grau y Angelini a Colombia para entrevistar a testigos y funcionarios, además de acceder a documentos judiciales, por lo que los fiscales de ese país esperaron vanamente en el aeropuerto a sus colegas argentinos. La excusa esbozada al respecto fue una desinteligencia entre la Procuración y la Fiscalía General. 

Un interrogante sobrevuela esta historia como un fantasma apenas disimulado: ¿qué poderosas razones tuvo el fiscal general de San Isidro para encubrir con tal ahínco a los sicarios de aquellas tres ejecuciones y, desde luego, a sus mandantes?

En la respuesta, desde luego, se desliza un enigma mayor: la posible subordinación del doctor Novo a ciertos poderes ocultos del narcotráfico internacional.


La jueza Arroyo Salgado tiene la última palabra. 


 Massa - La pata política

"El fiscal general hace muy bien su trabajo", expresó el intendente de Tigre en su campaña.
posta - postaporteñ@ 1094 - 2014-01-08

SASKIA 28


Cuando Saskia y Freja ven una mosca, los ojos y los bigotes excitados se mueven alertas. El cuerpo no se mueve  pero los ojos y los bigotes tratan de seguir las idas y venidas de la mosca, siguen el rastro de la mosca. El estrés hace que algunas veces salten sobre el objetivo a destiempo. Entonces la mosca vuela enloquecida y a veces escapa. Otras veces la huida termina dentro de las bocas criminales de mis adoradas mascotas. (Smack!)


El caso es que yo creo que Saskia y Freja tienen un sentido de lo que es la “mosca” más amplio que el nuestro. En sus categorías, me parece, que entran también abejas, avispas, mangangás, cucarachas y hasta arañas
Potencialmente esta falta de precisión puede generar algunos desastres y peligros. Los episodios de lucha contra estos enemigos tan mal identificados no son demasiado largos y suelen resolverse con un salto, una media vuelta, meneo de rabo y la búsqueda de un lugar fresco donde seguir haciendo la siesta.
Sólo las arañas y las cucarachas duran un poco más y merecen el uso nervioso de sus manos o extremidades delanteras.
Últimamente he escuchado muchas declaraciones del Presidente de la Republica Oriental de Uruguay a quien mi suegra después de quemar, por desilusión, todos los fetiches de su campaña electoral (carteles, cintas, fotos etc.) bautizó con el nombre de Cucaracho, “El Cucaracho”

No sé si fue algún informativo, Claudio, Pepel o Alba o lo he leído en algún semanario o diario pero parece que “El Cucaracho” se ha despachado en las últimas semanas sobre su socialismo y los grandes beneficios para todos que brinda el capitalismo. De lo he escuchado no puedo decidirme por cual es el disparate más grande. (Den värsta grodan?)

Como nacida en Suecia y habiendo trabajado muchos años en mi país puedo decir que algún síntoma socialdemócrata me ha quedado, sin darme demasiada cuenta que llevo conmigo. Para mí no es un disparate que los socialistas administren el estado burgués, para el bienestar de los burgueses.
También desde la escuela tengo como un recuerdo que me dice que el socialismo es una etapa anterior al comunismo. 
Que el socialismo es algo así como un estado de transición hacia el comunismo.

El estado socialista no es el estado burgués. 

Sigue habiendo lucha de clases, pero el estado no funciona a favor de los burgueses, no reproduce la explotación capitalista. Es un estado distinto.
Es la dictadura de una clase que no es la burguesía, es la dictadura del proletariado que al final de su gestión eliminará las clases y el estado, llegando así al comunismo.


Estos recuerdos, estas vivencias de toda mi vida laboral en el norte de Europa y las discusiones políticas alrededor de la mesa familiar con tíos, abuelos, padres, hermanos, primos y el ver al Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista y los sindicatos cada vez más preocupados por administrar la riqueza de los burgueses es lo que me definió libertaria.

Hay veces en que me río sola pensando en los distintos significados de la palabra atraso, lo que “El Cucaracho” vocifera para que el mundo escuche y se sorprenda de su genio, ha sido dicho en mi país hace 80 años.
Todas las maravillas de la dialéctica mujicana son acompañadas por algunas cosas que por ciertas no significan lo que la gente desea. Ejemplo; la modernización de la producción, no significa que el aparato productivo se verá en algunos años como los amplios pasillos embaldosados de cerámica, luz y cristales de los shoppings. No. (Nej, nej, nej)


El aparato productivo real a que se refiere el gobierno y particularmente el presidente es un aparato de producción donde se gastará mucho menos en formación de los obreros y mucho menos en salario.
Se producirán mucho más cosas que llegarán al mercado valiendo con un precio menor y llenará todos los escaparates. En una carrera caótica, alocada, desenfrenada


Hasta hace poco tiempo tener una moto era un sueño para gran parte de la vida. ( Åh, en motorcyckel!) 
Ahora es casi lo más común.
El mundo de la ciencia ficción de las películas con aparatos a los cuales se habla o se tocan para que respondan hoy se encuentran en cualquier puesto callejero. Toda esta vorágine de “mundo moderno” es acompañada  por cosas que he  escuchado también bastante seguido pero que creo que no entendí hasta ayer tomando mate con mis amigos.

He escuchado primero a los representantes de los partidos políticos más reaccionarios del paisito. Blancos y Colorados que piden con grandes voces una adecuación de los sindicatos obreros a las nuevas y modernas condiciones de la producción. Eso no me sonaba a nada.

Después escucho a gente más a la derecha del partido de gobierno más o menos reproduciendo la misma sanata, los sindicatos deben adecuarse a los nuevos tiempos. (Anpassning till de nya tiderna)


Ayer me enteré de algunas cosas. Primero que mis amigos piensan que estos discursos tienen como objetivo el terminar con la organización tradicional de los sindicatos uruguayos. Apunta a terminar con la estructura de abajo hacia arriba que siempre ha tenido la Convención de Trabajadores. Se quiere estructurar una organización sindical centralizada que funcione de arriba hacia abajo.

Una dirección que diga que es lo que tienen que hacer las masas. La derecha dice que sería una organización más ágil, más eficiente, más fácil de contactar.


Creo que en realidad lo que quieren decir es que es mucho más fácil de influir, corromper, comprar y por lo tanto transformar en amigos de los patrones, del “desarrollo productivo”  y el aumento de las ganancias y la explotación a favor de los burgueses.


Esta pelea que no sé si está planteada dentro del movimiento sindical es el perfecto complemento del ideario mujicano

En mi país, en Suecia los sindicatos no dieron la pelea y por lo tanto están en un proceso de desaparición lo mismo que los partidos de izquierda
Al fin y al cabo parece que el instinto de mis perritas lleva razón al dar más atención y contundencia a su lucha contra la cucaracha. (Kampen mot kackerlackor)

Saskia y su estirpe ha llegado hasta nosotros sólo por el hecho de haber planteado las condiciones en donde debían realizarse sus objetivos decidiendo correctamente cuáles eran sus enemigos, cuales sus amigos, cuáles eran los neutrales, decidiendo cuando dar combate y como defender lo conquistado.

BITTAN -
postaporteñ@ 1094 - 2014-01-08

Como Un Relámpago

Ante el anuncio de la inminente firma del contrato con Aratirí,

organizaciones sociales reafirman su postura en contra


Inés Costa -  (La Diaria, 8/1/14)

El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) realizó ayer una conferencia de prensa para manifestarse en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí. Cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte, la presión ejercida sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la posibilidad de que el proyecto de la empresa sea aprobado por partes.

A fines de diciembre, el prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, anunció a la salida del Consejo de Ministros que a más tardar el lunes 20 de enero se firmaría el contrato con Aratirí.

“Es absolutamente inapropiado, en este momento y bajo estas condiciones, firmar un contrato con esta empresa minera extranjera”, dijo, durante la conferencia de prensa, el representante del movimiento Uruguay Libre, Víctor Bacchetta


A su entender, la firma del contrato se haría “a contrapelo de disposiciones de la Constitución de la República y de la legislación vigente, inclusive hasta de la propia Ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente”.
Esta ley, recordó Bacchetta, está siendo cuestionada: “Hay una inconstitucionalidad en el cumplimiento de la aplicación del artículo 47 de la Constitución, que se refiere específicamente al medio ambiente, y en el artículo 8 sobre el principio de igualdad”


Bacchetta comparó Aratirí con la empresa LEADGATE, ya que la primera “es una empresa fundada en 2005, que tiene sede en un paraíso fiscal, que no tiene antecedentes en minería, y en cuatro o cinco años está proponiendo el proyecto de mayor inversión del Uruguay”.

“¿Cómo vamos a poder exigirle a esta empresa que cumpla los compromisos que asume en un contrato si tiene sede en un paraíso fiscal?”, cuestionó.

Criticó también que se firme un contrato de inversión sin tener las evaluaciones de impacto ambiental y social que este proyecto podría causar: “En los anuncios que se han hecho, se dice que en este contrato se van a incluir plazos para las autorizaciones ambientales.

Nosotros hemos seguido de cerca el expediente de Aratirí en la Dinama y sabemos -como también lo ha manifestado el director de la Dinama- que está lejos de ser aprobado el informe de estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí”


Según Bacchetta, el informe no sólo todavía tiene deudas en la información adicional solicitada por los técnicos de la Dinama, sino que además hay partes del proyecto que no están presentadas, ya que, a raíz de la reubicación del llamado puerto de aguas profundas, el proyecto Aratirí debería reformular el diseño del mineroducto y de la terminal portuaria.

Autorizar o no

Cuestionaron también las declaraciones realizadas por el asesor de Presidencia Pedro Buonomo a la diaria a fines de diciembre, sobre la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales. “Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar”, había dicho Buonono.

“Esto ya tiene antecedentes a fines de 2012, cuando el ministro [de Industria, Energía y Minería] Roberto Kreimerman y Buonomo, en una reunión con la dirección de Aratirí, salieron a decir que para acelerar el trámite de aprobación del proyecto se iba a subdividir en partes.


Esto es una cosa absolutamente inapropiada desde el punto de vista técnico. La propia Dinama en aquel momento salió a decir que no se podía subdividir el proyecto, y ahora se vuelve a insistir cuando se anuncia la inminencia del contrato”, recordó.


“Se está ejerciendo una presión indebida y arbitraria sobre la autoridad ambiental.

Arbitraria, porque se llegó a decir que después de la firma del contrato de inversión la autorización ambiental estaría en seis meses más.
Nosotros, por el conocimiento y el asesoramiento técnico que hemos procurado, sabemos que es imposible, si se hace una evaluación ambiental seria, que en seis meses pueda estar aprobado este informe, que además no es la aprobación final.

 Después de esta etapa tendría que venir la puesta de manifiesto de la audiencia pública, y recién después es la decisión de la autoridad ambiental”, consideró.

“El mineroducto no va a tener el trazo previsto originalmente. Recién se están enviando cedulones a los dueños de los predios que se van a ver afectados, para que se enteren de que van a tener una zanja con un mineroducto en el medio de su campo”, dijo Raúl Viñas, otro representante de Uruguay Libre.
Además del recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal Enrique Viana, el movimiento explicó que algunos productores están preparando recursos de inconstitucionalidad que se van a presentar después de la feria judicial.

Por otra parte, se hizo referencia a la falta de consenso político y social y a la importancia de realizar un plebiscito nacional.

Para esto, el movimiento deberá juntar 260.000 firmas para abril, seis meses antes de la fecha electoral.


“Estamos creando los centros de recolección de firmas, los de entregas de papeletas en los departamentos, promocionando a través del sitio web y trabajando con las organizaciones sociales”, concluyó Bacchetta.

El senador colorado Ope Pasquet también reclamó ayer, en la sesión extraordinaria del Senado, que se haga público el contrato que firmará el gobierno con Aratirí: 
“Podrán decir que hay cláusulas confidenciales, pero ésas sólo podrán ser las que refieren a información de la empresa: de ninguna manera pueden ser confidenciales las medidas de protección del medio ambiente o el tratamiento fiscal que se le va a dar a Aratirí”, opinó.

¿FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO LESIVO PARA EL PAÍS?

Comunicado de prensa
                                                                 
Montevideo, 7 de enero de 2014.

GOBIERNO PRETENDE FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO
LESIVO PARA EL PAÍS

Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura.

Improcedencia del contrato

Luego del Consejo de Ministros del 27 de diciembre, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que "a más tardar, el 20 de ese mes (enero) firmarán el contrato con Aratirí".

La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento.
En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios.


La Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8o. de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados.

También viola el Artículo 47o. sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente.


La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5o. o el plan de cierre del Artículo 13o. Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27o. de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.

Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de PLUNA.
Al igual que LEADGATE, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de VALENTINES puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional.


Subordinación de la Dinama


Pero, además, el gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental.

La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones.
Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks.


¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto?


Intentando minimizar la importancia de este aspecto, el asesor de la Presidencia, Pedro Buonomo, dijo que ese cronograma "no obliga al gobierno a cumplir los plazos" en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones ambientales.

¿Quién puede creer que en un contrato firmado entre el gobierno uruguayo y una empresa extranjera se incluyan condiciones y plazos no vinculantes?


Subdivisión de la evaluación

Buonomo declaró asimismo que "Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar" y agregó que el contrato incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales.

Un año atrás, el ministro de industrias, Roberto Kreimerman, y Buonomo habían anunciado la idea de acelerar la aprobación del proyecto de Aratirí mediante la subdivisión de la evaluación.

En esa ocasión, el director de la Dinama, Jorge Rucks, rechazó esta posibilidad en base a que el proyecto de extracción del hierro propuesto es uno solo y no se puede evaluar por partes.


"Dinama no puede autorizar por separado partes del proyecto minero hasta que Aratirí presente la información de la terminal portuaria" (Título de la entrevista a Jorge Rucks publicada el 21 de marzo de 2013 en el Semanario Búsqueda.)

Es evidente que el proyecto de Aratirí es uno solo; los propios representantes de la empresa han dicho que "no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina". Solo el deseo de llegar a cualquier costo a la firma de un contrato puede explicar la pretensión de subdividir la evaluación.

Si se acepta una evaluación parcial del distrito minero, luego será inevitable aceptar las otras partes, el mineroducto y el puerto, porque de lo contrario el proyecto sería inviable.


Entre otros aspectos técnicos que demuestran la unidad del proyecto, debe tenerse en cuenta que Aratirí prepone descargar en el océano las aguas contaminadas provenientes del drenaje ácido de las minas, las pilas de roca estéril, el embalse de relaves y la reserva de agua bruta a través del mineroducto y un emisario submarino paralelo a la terminal portuaria.
¿Cómo se podría iniciar la actividad en las minas sin saber cómo y a dónde son descargadas esas aguas?


Sin licencia política ni social

El proyecto de Aratirí ha generado una oposición en la sociedad y el sistema político uruguayos que invalida la pretensión del gobierno de firmar un contrato de inversión con esta empresa.

Tras una declaración inicial del presidente Mujica de que este tema sería resuelto en un plebiscito, el gobierno convocó a una Comisión Multipartidaria que acordó a fines de 2011 los lineamientos políticos para tratar la minería de gran porte. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo y el trámite de aprobación parlamentario de la Ley 19.126 ignoraron aquellos lineamientos e hizo caer el acuerdo. La Ley de Minería de Gran Porte nació huérfana del necesario apoyo político.

Paralelamente a este proceso, se desarrolló un amplio movimiento social en defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales que se ha expresado en cinco marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior, la recolección de firmas en varios departamentos e incluso la adopción por gobiernos departamentales de normas que prohíben la minería metalífera a cielo abierto en su territorio.
 Se refleja por último en la campaña por la realización de un plebiscito nacional.

Señores del gobierno:

no se puede firmar un contrato con Aratirí en estas condiciones

Si quieren tener la legitimidad política y moral para hacerlo, acepten la realización de un plebiscito nacional o, al menos, sométanlo expresamente a votación en las próximas elecciones nacionales, dejando claro algo que no figuraba hasta ahora en vuestro programa de gobierno.

URUGUAY LIBRE

(Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto)

Uruguay libre de megaminería


http://www.youtube.com/watch?v=uIpPGgiTktA



FM - postaporteñ@ 1094 - 2014-01-08

NO A LOS DESPIDOS EN Perfil



La Editorial Perfil del empresario Jorge Fontevechia envió telegramas de despido a doce trabajadores que actuaron en solidaridad con otros siete compañeros que la patronal había echado semanas atrás, en una clara muestra de la persecución gremial que rige en esa empresa.
Fontevecchia pretende despedir a los trabajadores “con justa causa” y así evitar el pago de indemnizaciones, pero nada justifica la medida. Mucho menos cuando cinco de ellos formaron parte hace meses de la Junta Electoral para la elección de comisión interna, algo que ataca directamente la libertad sindical.

El mismo empresario que suele llenarse la boca hablando de libertad de expresión no permite siquiera que sus empleados defiendan los puestos de trabajo que él intenta destruir.

La patronal, además, lleva adelante este ataque cuando la Asamblea de Trabajadores de Perfil todavía mantiene medidas de fuerza contra los siete despidos producidos semanas atrás.


Además de pretender domesticar a sus trabajadores, Fontevecchia quiere consumar un ajuste en sus medios, algo que hasta ahora el accionar decidido y solidario de sus trabajadores no permite.

No hay crisis, sin embargo, para Fontevecchia, que se llena los bolsillos gracias a los millonarios ingresos de sus distintas unidades de negocios. Ahora pretende aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores.

Ya conocemos quién es este empresario: el mismo que cerró la primera versión de Perfil al mes de haberla lanzado a la calle, el mismo que intentó tirar abajo nuestro Estatuto en 2002 (algo que los trabajadores frenaron con una histórica toma del edificio de la calle Chacabuco), el mismo que hace poco más de un año cerró el diario Libre y el que pretender avanzar con la precarización en el área de fotografía para nutrirse de imágenes de internet. Nada menos que en la editorial donde trabajó José Luis Cabezas.

Los trabajadores de Perfil se encuentran en paro contra este ataque patronal. Pero no están solos.
El gremio de prensa tiene que ponerle un límite a este empresario. Frenar los despidos es una pelea de todos los trabajadores de prensa.
Todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de la editorial y nuestro repudio a Fontevecchia.


Por los despidos de ayer y los despidos de hoy, decimos con fuerza
#NoALosDespidosEnPerfil

Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP)

Buenos Aires, 7 de enero de 2014
Twitter: @lasredacciones
 

SALUTACIÓN DE FIN DE AÑO / POR UN 2014 CON UN OBJETIVO CLARO:
RECUPERAR EL SISTEMA FERROVIARIO

 de Juan carlos Cena

http://www.villacrespomibarrio.com.ar/2014/monarefa/salutacion%20fin%202013.htm

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