De nuevos y viejos fujimorazos
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Se caía de maduro
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"Fujimorazo": el Tribunal Supremo de Justicia se declaró representante de los 30.000.000 de venezolanos.
Con una sencilla y quirúrgica medida se obtienen varias cosas importantes: menos blablá + simple llegar a la sanción de las leyes y + ahorro en dietas de legisladores.
Antes de Fujimori en Perú, en Uruguay, el 27 de junio de 1973, otro presidente que había llegado por las urnas disolvió las Cámaras legislativas.
Lo demás ya se sabe (eeeh... huuum...: ¿se sabe?).
Ese presidente, Bordaberry, dijo en la ocasión:
Afirmo nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos.
Este paso no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana.
Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos...
Espero que al leer la palabra presidencial todos hayan exhalado un suspiro de alivio.
¡Continuar!
Juan del Sur
@juandelsur2
CEJIL | Condenamos que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela
deje Asamblea General sin competencias
30/83/17El Tribunal Superior de Justicia venezolano le quita las facultades democráticas al Parlamento, rompiendo con esta decisión la separación de poderes.
San José y Washington D.C., 30 de marzo del 2017.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de arrogarse facultades legislativas rompiendo con esta decisión la separación de poderes.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano decidió —en una sentencia del pasado 29 de marzo de 2017— que la “Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por [dicha] Sala o por el órgano que ella disponga”.
Dos días antes de esta sentencia, el TSJ realizó un pronunciamiento declarando inconstitucional el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, por parte de la Asamblea General, y estableciendo que sus miembros incurrieron en el delito de traición a la patria, despojándolos de su inmunidad parlamentaria.
El fallo del 29 de marzo es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Desde CEJIL exhortamos al Estado venezolano a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho en el país.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Repudiamos sentencias del TSJ
que profundizan la
restricción a las
libertades democráticas
En los últimos dos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio nuevos zarpazos antidemocráticos, profundizando la restricción a las libertades democráticas que el gobierno de Nicolás Maduro viene realizando, amparado por el TSJ, el cual viene siendo controlado por el propio gobierno de Maduro.
Con estas decisiones del TSJ, el gobierno en los hechos, disuelve la Asamblea Nacional en la medida en que formaliza la eliminación de sus atribuciones constitucionales y levanta la inmunidad a los parlamentarios, dejándolos sin el fuero correspondiente y a merced de las decisiones arbitrarias del gobierno y el TSJ.
El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia categóricamente todas estas acciones que evidencian que el gobierno de Maduro se constituye en un régimen semidictatorial. Un gobierno autoritario basado en el respaldo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, y apoyado por amplios sectores empresariales, los banqueros, las transnacionales petroleras y la burocracia sindical.
El PSL rechaza este nuevo ataque a las libertades desde una consecuente posición de izquierda y de defensa de los derechos de los trabajadores. No reconocemos a este gobierno como un gobierno socialista. Maduro viene gobernando hambreando al pueblo trabajador y haciendo acuerdos con el empresariado y las transnacionales.
Tampoco confiamos ni apoyamos a la MUD. Nuestro repudio a la disolución de hecho de la Asamblea Nacional no es un apoyo político a la MUD sino un rechazo a una acción antidemocrática contra la voluntad del pueblo expresada en las elecciones del 6D.
De ninguna manera sembramos esperanzas en la MUD, la oposición patronal y proimperialista, quienes también son responsables de los males que aquejan a todos los venezolanos. Ellos sólo quieren ser los sucesores de Maduro en Miraflores, apropiarse de la renta petrolera y seguir con el ajuste a los trabajadores.
Estas medidas del TSJ son continuación de las restricciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, el cual viene instrumentando las llamadas OLHP, un operativo criminal con el cual se han perpetrado varias masacres de personas inocentes y sin antecedentes penales. Se conformó el Comando Antigolpe, el cual procedió a detener a varios diputados y dirigentes políticos de la oposición burguesa agrupada en la MUD.
El gobierno se niega a realizar elecciones regionales y de alcaldes, así como elecciones sindicales, siendo el caso más emblemático el de la federación sindical petrolera, Futpv. Y el pasado año hizo malabares para evitar que se activara el referendo revocatorio, solicitado por un importante sector de la población.
Mientras el gobierno de Maduro muestra su cara más antidemocrática, avanza en acuerdos económicos con el empresariado en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, y más recientemente, en la Expo Feria Venezuela Potencia 2017, donde otorgó más de 45 millones de dólares a empresas nacionales y transnacionales
. Por otra parte, entrega el Arco Minero del Orinoco, y paga puntualmente la deuda externa a la banca internacional.
Este año se apresta a pagar 17 mil millones de dólares, y en el 2016 pago 18 mil millones.
Es evidente que el gobierno, con este avance totalitario busca allanar el camino para seguir aplicando el brutal paquete de ajuste con el cual se hace pagar al pueblo trabajador el costo de la crisis, y continuar entregando nuestras riquezas minera y petrolera a las transnacionales a través de la empresas mixtas.
Asimismo, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. No es de extrañar que se esté preparando declarar el estado de conmoción nacional para suspender todas las elecciones, inclusive las presidenciales del 2018, y tomar acciones más drásticas contra los diputados, contra el conjunto del movimiento de masas y los sectores que se movilicen por sus derechos, y contra los que disientan o se opongan al gobierno.
Nuestra organización rechaza todo tipo de injerencia de la OEA, en asuntos que deben ser resueltos por los venezolanos.
Nos oponemos a la implantación de la Carta Democrática, porque esta representa la injerencia de fuerzas e intereses imperiales respecto a nuestra soberanía, así su llamado sea la justa realización de elecciones.
Rechazamos a este represivo y hambreador gobierno, que sólo ha sembrado miseria en el pueblo trabajador y se ufana de la entrega de nuestros recursos petroleros y del Arco Minero del Orinoco. Hay que salir ya de este gobierno.
En ese sentido, la salida estratégica es un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que revierta la debacle social y política que vivimos.
En ese camino debemos luchar en defensa de las libertades reclamando una inmediata convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde el pueblo trabajador pueda decidir todo.
El PSL llama a la Plataforma en Defensa de la Constitución, a la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, a Marea Socialista, y a todos los sectores democráticos, a los sindicatos, organizaciones populares, campesinas y estudiantiles a movilizarnos y pronunciarnos unificadamente en contra de estas medidas, antes que se terminen de liquidar todas las libertades democráticas.
31 de marzo 2017
Transparencia Venezuela |
Siete magistrados dejan sin Estado de Derecho a más de 31 millones de venezolanos al poner en manos del Presidente Maduro
todos los poderes públicos
Mar 30, 2017Transparencia Venezuela hace un llamado a los representantes de los poderes públicos que fueron despojados de sus funciones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a defender la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y la vigencia plena de la Constitución. De no hacerlo y obedecer o ejecutar algún acto que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución, no sólo serán cómplices de la ruptura del orden democrático, sino que incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso.
Caracas, 30 de marzo de 2017. Siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ), 5 de ellos designados en procesos viciados de irregularidad, acabaron con la separación de poderes —condición sine qua non de la democracia— al entregar al presidente Nicolás Maduro la potestad de tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias, sin consulta de ningún otro Poder, para “evitar un supuesto estado de conmoción”.
Los autores materiales
Los magistrados Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo (en suplencia de Gladys Gutiérrez) firmaron en ponencia conjunta, la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, que entrega todo el poder al Presidente de la República y declara traidores de la Patria a los diputados por solicitar la activación de la Carta Democrática.
Estos magistrados se convirtieron en incondicionales aliados de los intereses del gobierno nacional y, finalmente han acabado con la democracia, sostenida en el Estado de Derecho y en la separación de los Poderes. Llama la atención que la magistrada Gladys Gutiérrez, por más de 4 años presidenta del TSJ y miembro de esta sala, no haya tomado parte en una sentencia tan crucial como ésta.
Estos siete magistrados coronaron a Nicolás Maduro como el Jerarca de Venezuela, traspasaron a él la soberanía nacional y le entregaron las funciones de todo el Poder Público Nacional.
Transparencia Venezuela
CIDH | Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia
y la alteración del orden constitucional y democrático en Venezuela
31 de marzo de 2017Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.
El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.
La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular.
Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.
La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.
La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.
La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Foro por la Vida | Denunciamos golpe a la soberania popular
31 Mar 2017Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida” rechazamos categóricamente las sentencias N° 155 del 28 de marzo de 2017 y 156 del 29 de marzo de 2017 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) .
Estas decisiones desconocen el mandato constitucional de los diputados libremente elegidos en votación popular y golpean las garantías constitucionales relativas a la separación y autonomía de los poderes públicos.
Las referidas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TSJ) confirman la preocupación manifestada por los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos ante la ausencia de institucionalidad democrática, separación de los poderes y ruptura de las garantías democráticas básicas La actuación del TSJ confirma la ausencia de una institucionalidad democrática en el país
.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 156, dá un golpe certero a los restos de soberanía popular que quedan en el ordenamiento político e institucional venezolano al abolir de facto las competencias de la Asamblea Nacional (en adelante AN).
Las sentencia usa como pretexto un supuesto desacato a fallos anteriores del propio tribunal; con este nuevo fallo queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.
El TSJ con su sentencias 155 y 156 destruye el Estado de Derecho al otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Constitución; declara la “omisión institucional parlamentaria” y decidió que ” mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Estas sentencias de facto constituyen la consumación de la disolución o cierre jurídico de las competencias constitucionales de la AN, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura un secuestro de la soberanía popular representativa de la AN que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad popular.
Con estas sentencias la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia transgrede y da la espalda a sus atribuciones constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos.
De acuerdo a la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz, “estas sentencias tienen varias violaciones del orden constitucional ydesconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
El Foro por la Vida recuerda que estos principios y normas constitucionales son transgredidos precisamente por el órgano llamado a ser su intérprete y garante de su supremacía y efectividad.
Por ello señalamos que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos; de igual modo la Constitución no pierde su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza.
Por más que desde el poder recrudezca la conducta criminalizadora y estigmatizante, destinada a silenciar la crítica y el debate democrático, seguiremos firmemente cumpliendo el deber y el derecho de todo ciudadano a exigir la plena vigencia del orden constitucional y el respeto íntegro e indivisible de todos los derechos humanos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales.
La grave situación social derivada del rápido empobrecimiento de la población, la crisis de los servicios de salud publica, las altas tasas de violencia criminal, el deterioro de la educación pública y la desnutrición no pueden enfrentarse efectivamente sin plenas garantías para las libertades y derechos humanos.
Ante tan delicada situación que afecta la vigencia de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución, las organizaciones del Foro por la Vida reafirman la importancia del estricto apego a las normas del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas.
Exigimos que se reestablezcan inmediata y plenamente los derechos y libertades de la personas que habitan en el territorio venezolano y ello implica ceñirse con estricto apego a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución venezolana.
Requerimos a las altas autoridades del gobierno nacional el cese de la violencia institucional en contra del Poder Legislativo y que se respeten los mecanismos instititucionales para avanzar en la resolución de la grave crisis política nacional.
Agradecemos la solidaridad expresada por diversos gobiernos, personalidades y organizaciones de derechos humanos que igualmente rechazaron estas sentencias y reclaman la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela
Acción solidaria
Accion Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)
Caritas Los Teques
Centro de DDHH de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Cofavic
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Comisión de Justicia y Paz de la Conver
Coprodeh
Espacio Público
Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las mujeres
Servicio Jesuita a Refugiados
Vicaria de Dd.hh de Caracas
BOLIVARIANA
INDISCIPLINA PARTIDARIA,la columna de Hoenir Sarthou en Voces 29/3/17
Venezuela se ha convertido en un problema para quienes se proclaman “de izquierda”
Como ejemplo, basta ver el abanico de posturas existente en el oficialismo uruguayo, así como en fuerzas que se consideran más a la izquierda que el Frente Amplio. Hay desde quienes apoyan la postura agresivamente intervencionista adoptada por Luis Almagro como Secretario General de la OEA, hasta quienes consideran que cualquier crítica al gobierno venezolano es un acto desleal de apoyo al imperialismo.
¿Quién tiene razón? En caso de que alguien la tenga.
El análisis de este asunto requiere responder no una sino dos preguntas.
La primera es si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas, es decir las garantías constitucionales que el mismo chavismo promovió en su momento, y si tiene o no válidamente cuestionada su legitimidad democrática.
Si la respuesta a esta primera pregunta es “sí”, se abre otra interrogante: ¿qué actitud deberíamos asumir ante eso como uruguayos y en particular cómo debería actuar nuestro gobierno?
Esta segunda pregunta es importante porque la respuesta no puede ser dada desde la pura abstracción. Por un lado, porque es claro que cualquier intervención que se produzca, ya sea política, económica o incluso de fuerza (no es la primera vez que se incentivan conflictos fronterizos en la zona), no será hecha por la mano de Dios, sino por intereses y gobiernos muy deseosos de intervenir, directamente o a través de organismos internacionales, en su propio beneficio
Y, por otro lado, porque opinamos y actuamos desde un país chico de Sudamérica, para el que el principio de “no intervención” debería ser una regla sagrada.
Sobre la primera pregunta (si el gobierno de Maduro ha transgredido sus propias reglas y tiene válidamente cuestionada su legitimidad democrática), mal que nos pese a muchos, sólo puede darse una respuesta afirmativa. La crisis económica, la corrupción, el desorden administrativo y el desabastecimiento de productos esenciales han erosionado el apoyo popular inmenso que Maduro heredó de Chávez.
La fractura política del país, la manipulación y luego la desconsideración del poder ejecutivo hacia los otros poderes del Estado, el encarcelamiento de líderes opositores y finalmente la suspensión de las elecciones son la prueba del desgaste del gobierno, que no posee ya la capacidad de hegemonizar en grado suficiente ni siquiera a los sectores populares de la población venezolana. Cada vez más recostado en el ejército y en el núcleo duro de sus militantes, funcionarios y prebendarios, el gobierno de Maduro ha perdido esa condición de marea popular, tal vez no muy escrupulosa en las formas pero sin duda mayoritaria, que caracterizó al chavismo de Chávez.
Más allá del debate constitucional sobre la suspensión de las elecciones, esa suspensión es un símbolo claro de lo que está pasando en Venezuela.
Si algo caracterizó a Chávez y a la segunda ola de gobiernos de intención revolucionaria en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) es que sus pretensiones revolucionarias de “socialismo bolivariano” no se fundaron en los fusiles ni en focos insurreccionales.
Nacieron, vivieron, intentaron cambiar la ecuación de poder y cambiaron sus respectivas constituciones a golpes de urna, en base a apoyos populares masivos verificables en sucesivas elecciones. Si algo caracterizó al chavismo de Chávez fue la confianza absoluta en su capacidad de enfrentar elecciones y plebiscitos
Por alguna razón, el chavismo no produjo material teórico sobre este punto (como sí lo hizo el castrismo con la guerra de guerrillas y la teoría del foco), pero a estas alturas es evidente que la capacidad de legitimarse popularmente mediante instancias electorales y plebiscitarias, no rehuyéndolas nunca y sometiéndose a ellas con considerable honestidad, fue parte sustancial de la concepción de Hugo Chávez Frías, para quien el ejército y el aparato estatal no podían sustituir al calor popular en que fundaba su liderazgo y el futuro de su régimen.
Hoy vemos a Maduro en la posición opuesta. Aunque intenta seguir las políticas sociales populares del chavismo, ha perdido la legendaria confianza de Chávez en las expresiones políticas de su pueblo. Por eso rehúye una elección en la que casi seguramente saldría derrotado.
No saber soportar una derrota, y -como lo hizo mil veces el peronismo- conformar un movimiento opositor que seguramente llevaría de nuevo al chavismo al poder en poco tiempo, es la prueba de la debilidad e incapacidad política de Maduro y de los cuadros que lo rodean. Incapacidad para entender y promover el funcionamiento democrático, pero también para entender la premisa estratégica y política sobre la que se edificó el chavismo: un gobierno popular no puede temer a las elecciones.
Esa incomprensión probablemente lleve a la ruina a Maduro y a su gobierno, pero sobre todo compromete el futuro de la tradición política chavista.
¿Esa debilidad democrática del gobierno de Maduro justifica la intervención externa y la actitud de Almagro que la promueve?
Por cierto que no. Sea cual sea la situación política de Venezuela, sólo los venezolanos tienen legitimidad para buscar alternativas y luchar para imponerlas.
Detrás de la idea de que los organismos internacionales, como la OEA, tienen facultades para supervisar el carácter democrático de los Estados que la integran late una noción muy peligrosa: la de que la democracia y las garantías institucionales pueden ser impuestas a presión o por la fuerza. Una noción que encierra una contradicción básica.
¿Qué legitimidad democrática tiene un organismo como la OEA para decirles a los gobiernos qué deben hacer?
¿Qué autoridad democrática, otorgada por qué pueblo, tiene el Sr. Almagro para discutir de igual a igual con cualquier presidente? Y más aún: ¿qué autoridad moral y política tienen los gobiernos de los Estados que respaldan a Almagro en su gestión contra el gobierno de Venezuela? ¿La tienen los EEUU, que han invadido y bombardeado a países enteros, siguen enredados en guerras inadmisibles y espían hasta a sus socios? ¿La tienen Estados fallidos, incapaces de asegurar la vida de sus habitantes, como México? ¿La tiene Brasil, presidido por un suplente acusado de delitos peores que la presidente a la que sustituye?
El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, principio clásico del derecho internacional, no es una formalidad del pasado.
Está hoy en discusión justamente porque es un freno a la idea de que las decisiones políticas pueden ser impuestas o supervisadas por organismos tecnocráticos carentes de todo respaldo y control popular, organismos, en todo caso, dominados por los Estados más fuertes y, lo que es aún peor, por los intereses financieros y corporativos que controlan a su vez a los gobiernos de esos Estados.
En el caso de Uruguay, muy especialmente, nos va la vida en ese principio. Porque carecemos del poder económico, el territorio y la población como para resistir por la vía de los hechos el poder de las corporaciones y de los organismos internacionales que operan para ellas.
¿Por qué el caso de Venezuela inquieta a la OEA y al Sr. Almagro, que nada dicen sobre las guerras y el espionaje de los EEUU, ni sobre las masacres impunes en México, ni sobre el carnaval político en medio del cual se destituyó a Dilma Rousseff y se instaló a Temer?
La respuesta es obvia: a pesar de todos los pesares, los poderes e intereses que están detrás de organismos como la OEA no se mueven con comodidad en la Venezuela de Maduro. Al menos no con tanta comodidad como en los EEUU de Obama y Hillary (no sabemos todavía qué pasará con Trump) en el México de Peña Nieto, en el Brasil de Temer, o en la Argentina de Macri.
Sumarnos a la cruzada de Almagro y de la OEA no favorece a los venezolanos, por más que los venezolanos tengan todo el derecho a estar hartos de Maduro. Pero, sobre todo, sumarnos a esa cruzada equivale a trenzar una cuerda con la que un día podríamos ser ahorcados.
posta - postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01
Como el Uruguay no hay...!!!
Campeones en concentración de la tierra en pocas manos
¿La Tierra para el que la trabaja o para las S.A.?
Los gobiernos seudo progresistas del Frente Amplio han sido responsables no solo de una extranjerización y concentración de la tierra histórica, sino de facilitar su propiedad a través de las S.A.
Según un trabajo detallado, publicado en el suplemento Campo, del semanario Búsqueda del 23/3/17, basado en cifras oficiales, unas 90 empresas, en su mayoría S.A, fueron autorizadas, durante estos 10 años(bajo los gobiernos de Tabaré y Mujica) a ser propietarias nada menos que de 5,7 millones de hectáreas.
Esta barbaridad la realizaron reglamentando la Ley 18.092, del año 2007, que tenía supuestamente como objetivo justamente prohibirle a las S.A., la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El decreto reglamentario estableció el régimen de excepciones a la obligatoriedad de identificar a los propietarios de dichas explotaciones, sobre la base de que “sean proyectos prioritarios para el desarrollo productivo del país”.
En el listado de las principales empresas autorizadas aparecen, Union Agriculture Group(UAG) con 320.000 has., Stora Enzo con 308.000, Agronegocios del Plata con 156.994, Guanaré(Forestal Atlántico Sur) con 118.000 has., Forestal Oriental(UPM) con 115.709has., a las que se suman las de Uruwood subsidiaria de la antedicha, con 115.000 has. Eufores adquirida por Arauco y Stora Enzo (Montes del Plata) joint venture con 369.000 has. Con decenas de miles de hectáreas figuran MSU, Pérez Companc, Hudson Investiments, Inglebay, Louis Dreyfus, Soros, Bulgheroni y Weyerhaeuser.
Todos son monopolios de los países imperialistas y asociados a ellos, que tienen sus inversiones fundamentalmente en los monocultivos forestales y sojeros, depredadores y contaminantes, aunque abarcan también la explotación de la ganadería, la lechería y también la minería, y cuya instalación en nuestro país se ha incrementado explosivamente, junto a la profundización de la dependencia y la cada vez mayor sujeción a la división internacional del trabajo imperialista, que han promovido a rajatabla los gobiernos del Frente Amplio.
En esta política, que ha venido expulsando a miles de pequeños y medianos productores del campo, que mantiene a la lechería en una larga crisis, afectando a miles de tamberos y a la industria láctea, estos gobiernos entreguistas han tenido el apoyo político de la derecha tradicional, y han sido sostenidos a nivel social por la mayoría oportunista de la dirección del PIT-CNT, que maniata las luchas y apoya abiertamente las plantas de celulosa, como en su momento a Aratirí, la Regasificadora, etc.
La ocupación de tierra en Bella Unión
Denuncian valientemente la crisis social que se está viviendo en esa zona del país, donde se siguen súper explotando a los trabajadores y cerrando fuentes de trabajo.
Esto demuestra una vez más la necesidad de una verdadera Reforma Agraria, con expropiación de los latifundios de más de 2.500 has, que reparta la tierra a los campesinos pobres, asalariados agrícolas y todo el que quiera trabajarla, que promueva la cooperativización y que instale también grandes explotaciones estatales, para impulsar un nuevo desarrollo agropecuario.
Esto podría generar decenas de miles de puestos de trabajos estables y dignos en el campo, garantizar la soberanía alimentaria y proveer de materias primas a la industria nacional. La Reforma Agraria es parte fundamental del programa revolucionario, para romper la dependencia del imperialismo y marchar al socialismo.
El gobierno del FA en problemas
Esto lo ha llevado a un déficit fiscal del 4%, a un aumento de la desocupación y el trabajo no registrado (alrededor de 300.000 trabajadores según recientes cifras oficiales) a un salto en la deuda externa, al ajuste fiscal, a los tarifazos y a la rebaja de salarios.
Al mismo tiempo tiene una situación política cada vez más complicada por las luchas obreras y populares que a pesar del oportunismo, y la dispersión y carencias de los sectores clasistas entre los que nos contamos, se ha abierto paso estos años y se puede incrementar en este año, como lo demostró la histórica marcha del 8/3, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde las reivindicaciones por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica y los feminicidios, se unieron claramente con reivindicaciones sociales y duros cuestionamientos al gobierno y al sistema explotador.
Luchas como las que están protagonizando estos días los obreros del Molino de Dolores por su reapertura, los obreros gráficos de la Impresora Polo, los trabajadores camioneros del SUTCRA por salarios y condiciones de trabajo. Luchas que se vienen en el sector público cuando se plantee la Rendición de Cuentas con el Presupuesto que quedó pendiente.
Está complicado también por la acción de la derecha tradicional que apoya la política de Astori en general, pero lo picanea por derecha por más “seguridad”, más apertura al exterior etc., y lo viene golpeando por la corrupción y el despilfarro de ANCAP, realiza interpelaciones permanentes e impulsa comisiones investigadoras que lo exponen ante el pueblo y le generan cada vez más contradicciones en una interna en la que ya juegan también las candidaturas y alineamientos para las elecciones del 2019.
Muestra de ello es la pérdida del diputado 50, y la polémica pública entre Darío Pérez y De los Santos de Maldonado, cuando cerró el Cambio Nelson, que además de una mini crisis financiera con importantes derivaciones, comprometió al BCU que “no sabía nada” y se expusieron incluso los vínculos de sectores del FA con su dueño, Francisco Sanabria, secretario del Partido Colorado en Maldonado, fugado a Miami.
Complicado también por la persistencia de la Unidad Popular-AP, que aparece ya como fuerza de izquierda consecuente y factor político nacional en un proceso que lleva ya 11 años, y que avanza a su 7° Encuentro Nacional de Militantes el 13/5.
Hacia un 1° de Mayo clasista contra el gobierno y el oportunismo
En estas condiciones marchamos a un nuevo 1° de Mayo, con la necesidad de la mayor unificación posible de las luchas obreras y populares, para evitar que el gobierno descargue la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, y para enfrentar también esta amenaza represiva surgida a partir del decreto que posibilita la represión policial, sin participación judicial de los cortes de calles y rutas. Decreto que supuestamente no se aplicaría a las luchas sindicales pero que al otro día de su promulgación debuta con la detención policial de trabajadores camioneros por un piquete frente a Montes del Plata, en Colonia.
Para unificar las luchas y abrir una nueva situación en el movimiento sindical, en la perspectiva de doblarle el brazo al gobierno del oportunismo y poder derrotar su política de entrega, el ajuste y la rebaja salarial, es fundamental fortalecer el clasismo y sus agrupamientos en cada sindicato y avanzar en la coordinación y unidad de acción de las corrientes clasistas que persistimos pero estamos dispersos.
¡Por la Unidad de los que luchan!
Ricardo Cohen
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NdeR: nota siguiente donde se reproduce, en forma completa el estudio de la revista Campo del semanario Búsqueda.
Concentración de la propiedad de la tierra bate records
En contra de su prédica ideológica, el Frente Amplio ampara la mayor concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se registra en la historia del país
.Correo de los Viernes 664-31/3
Cuando hizo su campaña electoral en 2004, el actual presidente Dr. Tabaré Vázquez prometió que iban a temblar hasta las raíces de los árboles, dando cuenta de que un gobierno del Frente Amplio significaría un cambio radical, sobre todo en materia económica.
En su prédica histórica, el Frente postuló la nacionalización de la banca, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional.
Nada de eso se hizo –por suerte para el país– y se ratificaron las orientaciones económicas que históricamente tuvo el país.
Pero en algunos casos hay situaciones extremas. Eso es lo que ocurre con la concentración de la propiedad de la tierra, que ha alcanzado un registro record, según un reciente estudio de la revista Campo que se publica con el semanario Búsqueda.
En la actualidad y como consecuencia de la forestación y la extensión de las actividades agrícolas, 90 empresas son propietarias de predios que abarcan 5.700.000 hectáreas, equivalentes a los territorios de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
Una ley del año 2007 intentó prohibir que las sociedades anónimas fueran propietarias, pero a la vez se estableció un régimen de excepciones al que se ha acudido reitera y abusivamente.
Según Campo, la nómina de excepciones es realmente enorme.
Reproducimos acá el listado.
Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.
Como se ve, tanto la vieja prédica frenteamplista como la propia ley del año 2007 –que tenía el objetivo de limitar la concentración de la propiedad– han quedado por el camino.
- postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01
POSTALINAS
A propósito del decreto del Ejecutivo y UPM
Fuente: la diaria 30/3
A quien haya observado en los últimos tiempos la desesperación del gobierno por promover la instalación de una nueva planta de celulosa a orillas del río Negro -que traerá millones de dólares de pérdida al país- y conozca la existencia del acuerdo de inversiones Finlandia-Uruguay, no le llamará la atención la aparición del decreto presidencial del 20 de este mes dando no sólo libertad de acción a la Policía para disolver por la fuerza manifestaciones que puedan interrumpir el tráfico “normal” de caminos y carreteras, sino habilitando el llamado al Ejército si esta lo cree necesario. “De inmediato” daría aviso al juez. Nada se dice de para qué se le avisa.
Y es que el acuerdo (más bien, el contrato leonino) Uruguay-Finlandia fija la obligación de nuestro gobierno de dar “una total y constante protección y seguridad” a las inversiones finlandesas (artículo 2º inciso 2) y de compensar al inversor “pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones en el territorio de esta Parte Contratante” (artículo 6º inciso 1)
¡De más está decir en qué forma se obliga al Estado uruguayo a pagar!
Es claro que el apresuramiento por decretar la acción policial sin intervención judicial y de hacer mención al derecho de huelga (consagrado por el artículo 57 de la Constitución de la República) dejando su alcance a la libre interpretación de la autoridad es, justamente, demostrar a los inversores que somos un “país serio” (yo diría genuflexo) y que vamos a obedecer el acuerdo internacional y todas sus órdenes y prepotencias, incluso determinando cuál es el lugar del puerto de salida de sus productos, independientemente de que el tránsito o la belleza de nuestra capital esté en juego.
Llama la atención la intervención de la ministra Marina Arismendi, sugiriendo en forma subliminal que el conocido levantamiento de camioneros que condujo a la caída de Salvador Allende en Chile puede precipitar la caída del gobierno porque se puede interrumpir la salida de la producción de arroz.
Y, en general, aceptando que se impida demostrar a cualquier grupo social. ¿Hubiera preferido la señora ministra que la Policía (acompañada del Ejército) hubiera “sacado del forro” a las 300.000 personas que interrumpieron el 8 de marzo ni más ni menos que nuestra principal avenida?
Pero si necesitamos una confirmación de a quién va dirigido este decreto, veremos que su primera aplicación fue la detención de dos trabajadores. ¿Dónde? Ni más ni menos que frente a una productora de celulosa a la que se otorgaron las mismas condiciones de inversión que a BOTNIA -hoy UPM-, sin que mediara ningún acuerdo o contrato comercial que obligara a nuestro país. Mejor no aplicar el dicho “más claro, echale agua”, porque de ese elemento hacen uso sin pagar un céntimo.
Y aquí no hago mención al problema de las pérdidas económicas -que alcanzarán los miles de millones de dólares-, porque eso ya es poco frente a las pérdidas de carácter moral que estamos sufriendo con este ataque a la libertad de nuestro pueblo y el abuso de autoridad de nuestro Poder Ejecutivo, que, en aras de favorecer intereses externos, ha llegado a quitar autoridad a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe dar cuentas al Parlamento, instrumentando por decreto una secretaría sobre cambio climático que estará a la orden del presidente de la República y que podrá decidir, sin consulta alguna, sobre temas de importancia nacional, entre los cuales se encuentran las concesiones sobre la no adopción de medidas correctivas a métodos de producción que sean negativos para el medioambiente.
Es de hacer notar que eso ya lo había intentado el presidente José Mujica por la instalación de Aratirí, que finalmente no funcionó.
Organizaciones internacionales denuncian amenazas de muerte a
defensores y defensoras de derechos humanos en Uruguay
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciamos las amenazas de muerte hechas a autoridades estatales, personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, que trabajan por la justicia en casos ocurridos durante el régimen militar en Uruguay.
Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los amenazados y las amenazadas, realizar una investigación efectiva para identificar a todos los responsables por este crimen, y tomar medidas para asegurar que no ocurran de nuevo hechos similares.
La amenaza de muerte fue dirigida a 13 individuos, incluyendo al ministro de Defensa de Uruguay Jorge Menéndez; el fiscal de la Corte Jorge Díaz; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal Mirtha Guianze, que presentó cargos en contra de varios violadores de derechos humanos, incluyendo el antiguo dictador Juan María Bordaberry y el general retirado Gregorio Álvarez; la ex ministra de Relaciones Exteriores y defensora de derechos humanos Belela Herrera; los abogados de derechos humanos que han representado a las víctimas de crímenes durante la dictadura:
Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Dirigida en un correo electrónico, la amenaza exponía que “el suicidio del General Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix fue nombrado por el Presidente Tabaré Vásquez para dirigir a un grupo que investigó el destino de personas que fueron desaparecidas de manera forzada durante la dictadura. Barneix se suicidó el 15 de septiembre del 2015, después de conocer que sería arrestado por la ejecución extrajudicial del militante de izquierda Aldo Perrini, en 1974.
El mensaje también establecía que: “No serán aceptados más suicidios o persecuciones. Desde ahora en adelante, por cada suicidio, asesinaremos tres personas al azar de la siguiente lista”.
Además de estas amenazas, hace menos de un año, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) de la Universidad de la República, quien desde el 2005 ha tenido un papel clave en localizar e identificar los restos de las víctimas de desaparición forzada en Uruguay, fue amenazado de manera similar y fueron víctimas de un ingreso forzoso en su laboratorio. Hasta la fecha, la investigación del robo y amenazas en contra del GIAF no ha producido ningún resultado tangible.
Jo-Marie Burt, asesora principal en WOLA, declaró que “amenazas como estas buscan intimidar a todos aquellos que persiguen la rendición de cuentas por graves violaciones a derechos humanos, y demuestra la persistencia de la impunidad institucionalizada en Uruguay.
Su objetivo es asegurar que casos de violaciones a derechos humanos de la pasada dictadura permanezcan impunes. Esto contribuye en la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado que administran e imparten justicia”
Por su parte, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, apuntó que, en el caso Gelman—CEJIL representó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos—Uruguay aún tiene pendiente cumplir con varias de las reparaciones ordenadas por este Tribunal, “incluyendo su deber de organizar la estructura del Estado para superar la impunidad que rodeaba los crímenes cometidos por Uruguay durante la última dictadura (1973-1984). Es fundamental que el Estado tome todas las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las amenazas a quienes ocupan un papel clave en la búsqueda de justicia en estas causas, y no queden impunes”.
WOLA y CEJIL expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las amenazas quienes, como defensores y defensoras de derechos humanos y oficiales de gobierno, llevan décadas luchado por la justicia y por acabar con la impunidad. Hacemos un llamado al Estado uruguayo para que enérgica y públicamente condene estas amenazas y se comprometa a asegurar la seguridad de los operadores y las operadoras de justicia y de las personas defensoras de derechos humanos.
Para asegurar la protección, el Estado debe investigar a fondo las amenazas, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas.
Uñac BASTA de advertencias, FUERA BarricK Gold YA!!!
San Juan / Nuevo derrame en Veladero de la minera Barrick Gold
29/03/2017La multinacional admitió que sufrió la rotura de un caño. Aseguró que el líquido no es de solución cianurada, aunque no detalló qué clase de "material rico" se derramó. Advertencia del gobernador.
La minera canadiense Barrick Gold admitió ante el gobierno sanjuanino que sufrió un nuevo incidente, el cuarto de la compañía desde 2015, al producirse la rotura de un caño, lo que provocó un derrame de líquidos, informó hoy el subsecretario de Información Pública provincial, Osvaldo Lima.
El funcionario dijo que anoche la compañía multinacional indicó que "se desconectó un caño no con solución cianurada, sino con material rico", aunque no especificó a qué tipo de desecho se refirió la empresa.
Lima informó que "anoche se hicieron los trabajos de contención necesarios" y puntualizó que se están "pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad que nos dan la hora del incidente y qué trabajos se hicieron para remediar esa situación"
Mientras se aguardaba que el ministro de Minería, Alberto Hensel, brinde una conferencia de prensa en las próximas horas, una comisión de la Policía Minera partió esta mañana a la mina Veladero, ubicada en Iglesia, 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, dijo que la Barrick "no tenía margen de error después de los derrames anteriores", que "se tendrá que poner a la altura de las circunstancias" y que van a ser "inflexibles en las sanciones que correspondan", tras conocerse el nuevo derrame.
El 13 de enero último se produjo un derrame en otro yacimiento en San Juan a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que admitió un "incidente" en Lama provocado por "deshielo".
En esa oportunidad, la organización Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclamaron en un comunicado el "cierre definitivo de las operaciones en la zona Lama/Veladero" y advirtieron que "es el gobierno nacional el que debe ponerse los pantalones y defender nuestro ambiente"
La empresa canadiense informó entonces que el evento en Lama fue "a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera"
"El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación", explicó.
La empresa canadiense debió detener en septiembre último las actividades en la mina Veladero, donde se registró un derrame de agua cianurada, al igual que en el mismo mes de 2015.
(Fuente: Dyn) envió FACUNDO
Declaración de la Unidad Popular contra el decreto “antipiquetes”
Manifestamos nuestro más enérgico rechazo al decreto 76/017 que sancionó el gobierno seudoprogresista del Frente Amplio, el 20 de Marzo, y que permite a la policía dispersar cualquier manifestación popular que corte calles, sin orden judicial y con el argumento de garantizar la libre circulación.Con este decreto se limita el derecho de reunión (art. 38 de la Constitución) y a la libre expresión (art. 7 sobre la libertad y específicamente la libertad de protesta). La Constitución establece que sólo se pueden limitar derechos y libertades a través de una ley fundada en el interés general (art. 7 inciso 2).
Por lo tanto, el decreto es inconstitucional. Más grave aún es la posibilidad de recurrir a otros organismos públicos (art. 1 del decreto), donde por ejemplo podrían entrar las Fuerzas Armadas a pedido del Ministerio del Interior.
El artículo 4 del decreto establece que éste no se aplicaría en caso del ejercicio del derecho de huelga, pero el texto es demasiado vago, lo cual le da un margen de discrecionalidad al gobierno para reprimir las manifestaciones sindicales. Así pasó con trabajadores del SUTCRA, el 21/3, a quienes se detuvo por hacer una asamblea en una ruta.
En los hechos este decreto va contra la actividad sindical y otro tipo de manifestaciones populares en un momento donde persiste la crisis económica, con cierres de fábricas, se perdieron 50.000 puestos de trabajo en 2 años, se agrava la situación social del pueblo y se viene la Rendición de Cuentas, con ajuste fiscal y rebaja salarial.
Se profundiza con este decreto al estilo del “pachecato”, el espíritu represivo de la Ley de Procedimiento Policial de 2008, usada por la policía para “disuadir” una manifestación de trabajadores del transporte frente al Ministerio de Trabajo en 2011, o las amenazas (“disuasión”) en un piquete del FOICA, en el puerto de Montevideo en 2010.
Este decreto busca “blanquear” este tipo de actuaciones con un sustento jurídico.
El gobierno quiere dar una señal de mano dura a UPM, con la que negocia la instalación de su segunda mega-planta contaminante de celulosa y a los monopolios imperialistas que potencialmente puedan hacerlo.
El gobierno pro imperialista del Frente Amplio se prepara para imponer su política antiobrera y antipopular con más represión. Hay sectores del FA que vienen acompañando el conjunto de esa política desde el 2005 y que se quieren distanciar de la cara represiva para no perder su base social, pero esta es inseparable de esa política económica y social, y estos sectores son también responsables de ella.
Desde la Unidad Popular llamamos al pueblo oriental a resistir con lucha este decreto represivo y desarrollar la lucha por todas sus reivindicaciones en el camino hacia un auténtico gobierno antiimperialista y popular.
UNIDAD POPULAR –AP 27/3/17
PROGRAMADE LA SEMANA DEL APARTHEID ISRAELÍ 2017
3 AL 7 DE ABRIL - MONTEVIDEO
Video debate: "La historia sionista",de Ronen Berelovich.
MARTES 4, 19 hs. -AFFUR: Charla debate: Sobre los orígenes de la limpieza étnica de Palestina, a 100 años de la Declaración Balfour. Laura Lema.
MIÉRCOLES 5, 19 hs. -SAG(Durazno 972):
Video debate: "Hoja de ruta al Apartheid", de Ana Nogueira y Eron Davidson.
JUEVES 6, 19 hs. -SAG:
Charla-debate: Del 'proceso de paz' a la lucha contra el apartheid: el necesario cambio de paradigma. María Landi.
VIERNES 7, desde las 15 hs. -Plaza LIBERTAD: Exposiciónfotográfica sobre Palestina de las activistas españolas Sandra Barrilaro y Estela Vidal, y del colectivo RebelArte.
Música y materiales de difusión.
Coordinación x Palestina
- postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01
EXTRACTIVISMOS Y TEORÍA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
Entrevista a Eduardo Gudynas, por Hernán Cuevas Valenzuela investigador en la Universidad de Chile, y Dasten Julián Vejar profesor investigador en la Universidad católica de Temuco. La entrevista fue publicada en la revista Pléyade, Chile, No 18.
Eduardo Gudynas es un renombrado pensador ambientalista, investigador y activista uruguayo. Ha escrito decenas de trabajos sobre desarrollo y posdesarrollo, extractivismo y sus consecuencias socioambientales y sobre ecología política. Es particularmente reconocido por su trabajo crítico sobre los impactos ambientales y sociales de las estrategias de desarrollo impulsadas en América del Sur, así como por su propuesta posdesarrollista que favorece la sostenibilidad y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. También ha sido un activo promotor de la idea del buen vivir como alternativa al desarrollismo. Desde esta perspectiva, ha explorado el concepto y la práctica de la “buena vida” y sus dimensiones sociales y ecológicas.
La entrevista que acá presentamos a los lectores de Pléyade fue realizada en Buenos Aires el 1 de abril de 2016 durante el taller (Neo) Extractivismo en América Latina. Posibilidades, Límites y Riesgos. Este fue un encuentro académico coorganizado por la Fundación Friedrich Ebert y el proyecto “Cambio trasnacional, desigualdad social y manifestaciones estéticas: el ejemplo Patagonia”, ejecutado por la Universidad Friedrich Schiller de Jena y sus instituciones asociadas en Chile y Argentina. Fue financiado por el DAAD y el Centro de Investigaciones en Trabajo, Distribución y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
En aquella ocasión, Eduardo Gudynas presentó su conferencia “Extractivismo en América del Sur después del auge de los commodities”.
Su presentación abordó el concepto de extractivismo y evaluó críticamente sus impactos socioambientales en Latinoamérica. Según Gudynas, el extractivismo “se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave (que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja) 1.
En sus trabajos ha distinguido un extractivismo conservador y otro progresista (al que en ocasiones denominó también neoexctractivismo) y ha desarrollado una crítica implacable y rigurosa a dichos modelos de desarrollo.
La entrevista fue editada por Hernán Cuevas, Dasten Julián y el equipo editorial de Pléyade. Para facilitar su lectura el texto se divide en dos secciones:
“Extractivismo, transiciones y alternativas al extractivismo” y “Crítica del desarrollismo, extractivismo, y la emergencia de una nueva teoría social en América Latina”
Entrevistadores (en adelante consignado como E, en singular): En América Latina podemos observar una matriz extractiva de carácter minera, petrolera o sojera. ¿Podemos preguntarnos si hay otros fenómenos extractivos, es decir, otras industrias extractivas?
Gudynas (en adelante consignado como G): Según nuestra definición, es extractivismo la apropiación de recursos naturales en un gran volumen o bajo alta intensidad, donde la mitad o más es exportado como materias primas. A partir de esa idea básica ofrecemos precisiones sobre sus componentes, como por ejemplo qué quiere decir gran volumen o intensidad, o cómo delimitar las materias primas.
Bajo esa definición, otros sectores como los monocultivos forestales de exportación o las salmoneras son extractivas. Incluso el turismo de masas es extractivismo.
Nosotros hemos probado esta definición con diferentes ajustes, en distintos contextos, etcétera. No digo que sea perfecta, pero es una definición estable y robusta.
Siempre hay algunos que critican algo de la definición y eso es aceptable. Pero de todos modos se contemplan todas las posibles opciones, porque ya la hemos probado de arriba para abajo durante años. Bajo nuestra perspectiva, los extractivismos son plurales, no pueden ser entendidos como una “industria” y siempre están anclados localmente pero a la vez se insertan globalmente (son glocales) 2.
E: ¿Por qué es tan importante la orientación a la exportación en esta definición de extractivismo?
G: La orientación a la exportación de las actividades extractivas es clave en nuestra definición de extractivismo ya que es un sector dependiente de los precios y demandas internacionales. Por ejemplo, la apropiación de minerales que necesitamos en América Latina para nuestro propio consumo es muy poca en comparación con lo que se extrae hoy principalmente para su exportación. Puede haber ciertos emprendimientos mineros que sean aceptables, de menor escala, con cuidado del ambiente y orientados al consumo interno, y eso lo hemos defendido. Esa clase de emprendimientos mineros no constituyen expresiones de extractivismo
Hay que entender que el principal factor de presión ambiental sobre América Latina a escala continental, lejos en el primer lugar, es el conjunto de actividades extractivas para alimentar los mercados globales. Todos los otros problemas vienen muy por detrás y pueden ser solucionables con medidas internas más o menos autónomas; con eso quiero decir que el Estado las puede llevar adelante. Me refiero a problemas como el saneamiento de las ciudades y el manejo de residuos sólidos urbanos. Pero al extractivismo no lo controlas nacionalmente, porque depende de los precios y demandas globales. Entonces, la distancia que hay entre el extractivismo y el siguiente problema ambiental en cada país de la región es en verdad enorme.
E: Sin embargo, muchos actores sostienen que este neoextractivismo o este extractivismo va a ser bueno para la sociedad, que “va a ser bueno para todos”, agregan. Entonces preguntan ¿cuál es tu propuesta?, ¿cuál es tu escenario alternativo?, ¿cuáles son tus actores? Con estas preguntas pienso en espacios locales, territoriales, específicos, en comunidades y en actores concretos. Lo pregunto porque son ellos los que suelen estar involucrados en los conflictos propios del modelo extractivo.
G: Es así. Por ello postulamos “transiciones” 3 para salir del extractivismo, y ellas recuperan todas esas experiencias locales, las articulan y postulan alternativas que deben ser de países y de conjuntos de países. Nuestras ideas balancean dos aspectos. Por un lado, un horizonte de cambio más allá del desarrollo, por lo tanto, más allá de la modernidad.
Queremos salir de la modernidad en ese sentido, pero a la vez reconocemos que esa salida, para romper con estas profundas raíces culturales, no va a ser instantánea. Vamos a tener que ir sumando sectores sociales de a poco y demostrando que es viable ese cambio. Por lo tanto, nuestra idea del cambio radical va de la mano con la idea de la transición hacia el cambio radical. No son elementos separados. Me parece que es una distinción importante.
Cuando vos tenés a veces propuestas que van desde “es solo el cambio radical”, y propuestas que dicen “no, es solo una transición cortita que al final termina siendo una reforma instrumental al estado de cosas prevaleciente”, nosotros postulamos el horizonte del cambio drástico de salida al desarrollo.
Pero agregamos que ese horizonte de cambio indique, construya y permita armar políticas y estrategias de salida hoy, que sean transicionales, que sean concretas, efectivas y expresables en público y entendibles por la mayoría. Por ejemplo, si nuestro país quiere salir de la dependencia del extractivismo minero, ¿cómo funcionaría la economía de nuestro país, sin depender de la minería? Esto implica dar propuestas concretas de cómo sería la reforma tributaria, cómo sería el gasto del Estado y demás. Entonces, pensar esas reformas a la luz de un cambio de alternativa radical por fuera del desarrollo, esa es una particularidad importante.
Por otro lado, ahora con la crisis de los progresismos hay varios colegas míos que dicen que “la idea de revolución está muerta”, “no podemos hacer nada”, “habrá que esperar y solo podemos hacer cosas a nivel micro”. Sin embargo, hay una idea de revolución que sigue siendo vigente, pero el lugar de esa revolución está en las raíces culturales, no está en la toma del Estado. Es que si tú vas a tomar el Estado para terminar reproduciendo, por ejemplo, un extractivismo minero con una empresa estatal minera, ya se ha demostrado que no funciona. Por lo tanto, el lugar de la revolución, su alcance y hacia donde apunta cambia de lugar.
También hay que considerar cuáles son los nutrientes de este proceso de transición. Hay un componente que es reflexivo-conceptual. Por ejemplo, ¿cuál sería la reforma tributaria necesaria?
Pero hay otro componente desde la sensibilidad, del afecto, que tiene que ver con ese romanticismo. Es cómo me imagino esa sociedad alternativa que sea más convivenciable. Entonces, a partir de eso están armadas las ideas de cambio radical y de transiciones.
Finalmente, quién es el sujeto de este cambio, que es otra de las discusiones llevadas hace cien años. Esto es sencillo: el sujeto somos nosotros.
E: Pero eso no me parece sencillo. La constitución de un sujeto de cambio me parece un proceso difícil.
G: La “constitución” de un sujeto no lo es. Pero el problema es que antes se ponía la carga del cambio en un tercero, que había que ilustrar, formar o educar. En cambio, en mi perspectiva tú dices: el sujeto del cambio sos tú mismo. ¿Qué vas a hacer tú mañana para empezar ese cambio? ¿Qué vas a hacer tú?
E: Cuando hablamos de cambios sociales, nos referimos usualmente a cambios colectivos. ¿Cómo concibes ese proceso?
G: El cambio social siempre empieza por grupos. Insisto que en primer lugar debemos preguntarnos: ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos dar talleres, podemos participar de campañas públicas, movilizarnos. Los que están en la universidad pueden hacer otro tipo de investigaciones, otro tipo de enseñanza, y así sucesivamente.
En segundo lugar, esto implica diálogos con otros actores. Podemos hablar con otros que tal vez no opinen en todo lo mismo que nosotros. Pero debemos coordinarnos con ellos si lo que queremos es avanzar algo en la dirección de producir cambios importantes y duraderos.
Tercero, las diferentes políticas o instrumentos de cambio transicional que yo aplico las tengo que sopesar y evaluar en referencia a ese objetivo de mediano plazo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un cierto monto económico es el valor de un bosque –lo que sería contribuir a mercantilizar la naturaleza por medio de la valorización del bosque– que decir “no quiero introducir en las cuentas nacionales el costo económico del daño ambiental”. La valorización del costo de los impactos económicos me permite visibilizar un daño oculto y presentarlo a aquellos que solo entienden el lenguaje de los números en dinero. Esta también es una tarea de las transiciones.
Entonces, algunos me dirán que utilizar un instrumento económico, como el costo de un impacto ambiental, me acerca a un neoliberal. Pero yo pienso que eso es un error. Los instrumentos económicos tienen diferentes usos posibles. Depende del instrumento económico, de para qué se lo use y de cómo se lo use. Hay muchas personas en la sociedad que solo entienden el lenguaje de la valoración económica. Y hacer uso de ese lenguaje no debe ser tomado como una concesión al economicismo.
Sigo reivindicando los derechos propios de la naturaleza, pero también tengo que hablar con los que piensan de otra manera, en clave económica. Lo que debemos hacer es demostrarles que lo que ven como crecimiento económico es un error, una creencia equivocada, porque nunca restaron el costo del daño ecológico que se produce en aras del crecimiento económico. Si queremos introducir otro tipo de debate en las políticas públicas y para poder incidir tenemos que poder hablar también los lenguajes de otros, pero sin abandonar nuestros principios. Se trata de hablar sus lenguajes para poder interactuar, para facilitar que me entiendan y para poder generar reacciones según sus propios lenguajes.
E: Me parece que es interesante esa propuesta, pero presenta un riesgo: sigue estando contaminada con la lógica de comodificación.
G: Todos estamos comodificados, porque estamos insertos en eso. Salimos de a poco. Se requieren pasos sucesivos, ensayos, y va a haber errores. Se necesita un nuevo lenguaje, nuevos términos, una nueva manera de pensar. Sí, siempre vamos a estar en esa tensión.
E: Pero cuando tenemos disponibles otros lenguajes, diferentes del lenguaje economicista, por ejemplo, el discurso de los derechos o el discurso de los bienes comunes (de uso público), ¿no sería mejor insistir en ellos para no entrar en este juego de lenguaje economicista?
G: Bienes, sí. Pero bienes comunes depende de qué significa bienes comunes para cada uno. Buena parte del término y de la discusión alrededor del término gira en torno a una concepción anglosajona, trasplantada a América del Sur. Cuidado, que no es lo mismo que decir bienes de la comunidad o comunitarios. Entonces hay una gran mezcolanza que es necesario separar. Los bienes comunes anglosajones se referían fundamentalmente a las tierras comunes, y esa concepción es muy diferente de nuestra idea de lo comunitario o de lo colectivo.
Nosotros tenemos un acervo especialmente andino que define en nuestra cultura qué es lo comunitario. Muchas veces veo que hay una mezcla o sinonimización rápida, lo cual supone que bienes comunes es lo mismo que lo comunitario, confusión que también siguen varios sudamericanos. Me parece que con eso hay que tener cuidado.
Por otro lado, no quiero decir que algunos de los elementos de bienes comunes no sean rescatables, porque sí los hay. Pero necesitamos hacer nuestra propia reflexión. Debemos reconstruir, redefinir, ajustar el concepto de bienes comunes a nuestra realidad si queremos usarlo. Prefiero lo comunitario, que es más propio y adecuado a nuestra condición. Por otro lado, lo comunitario no está exento de problemas. La versión andina de lo comunitario debe ser tomada con ciertas precauciones, porque en su concepción del espacio y la geografía de lo comunitario, el espacio es una geografía humanizada. En este concepto no hay una naturaleza silvestre.
E: En esas transiciones quizás hay que pensar una “temporalidad del extractivismo”.
G: Eso dice ahora Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia). Sostiene que los extractivismos son como temporales o que van a tener unos años y se acaban. Y ese es el problema: es un marxista leninista que todavía no entiende que, por ejemplo, la destrucción ecológica es perpetua. Uno destruye un ecosistema y no hay marcha atrás.
E: Bueno, por ello no va a haber regeneración, ¿no?
G: Bueno, ellos defienden esto desde una versión del marxismo y el leninismo. Yo sé que es una discusión extraña para Chile, pero ustedes tienen que entender, por ejemplo, que en Ecuador el presidente Rafael Correa lanza una proclama diciendo “si Marx fuera latinoamericano sería extractivista”. O que se tiene un vicepresidente que publica libros que salen como suplemento del diario del domingo, como sucede en Bolivia, haciendo una defensa de los extractivismos citando a Lenin, Stalin y a Gramsci. ¡Imaginen algo así en Chile! El Mercurio en Chile nunca sacaría un suplemento reivindicando el extractivismo con una cita de Marx.
E: En tu artículo “Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinámicas” 4 revisas el concepto de los “umbrales”, que refiere a los umbrales de tolerancia de esta dinámica extractiva. Frente a este proceso ¿qué implica la redefinición en la micropolítica, entendiendo por micropolítica los espacios locales, territoriales donde el capital aún no ha avanzado o lo ha hecho de manera parcial?
G: La idea de umbral es sobre todo referida a un margen por el cual una comunidad pasa de una situación de aceptar cierta condición en el ambiente y cierto impacto ambiental a una condición donde los considera intolerables, ya que afectan su salud o porque son negativos para su reproducción.
E: Deja ponerlo más en contexto. Por ejemplo, en el caso de un país que recorta a través de una medida fiscal la subvención, los bonos, etcétera, alimenta un proceso de aún mayor vulnerabilización del territorio, y hace que el sujeto esté en una posición distinta o una simetría distinta con respecto a la relación política con el Estado y la relación política con el capital, ¿crees que el umbral se mueve, permanece, se sostiene o muta?
G: Hay dos procesos en paralelo. Por un lado, es un proceso por el cual el límite del impacto ambiental que se tolera o acepta sube o baja. La tendencia que veo es que en general está bajando en muchos lugares por razones varias, tales como que la gente tiene más acceso a la información y sabe si su suelo está contaminado con plomo, por ejemplo. También sabe si en una comunidad vecina ese mismo tipo de minería contaminó.
Por otro lado, empresas, gobiernos locales, gobiernos nacionales u otros miembros de la comunidad dicen:
“Acepte ese impacto, porque a usted lo compensaré”. Esa propuesta de compensaciones puede ser rechazada o aceptada. Además se discute qué tipo de compensación es viable o no viable. En este caso, la situación no es tan clara; hay lugares donde el conflicto está centrado en este asunto.
Entonces los umbrales reflejan si se aceptan o no ciertos impactos, y si se reciben o no ciertas compensaciones. Son discusiones que van en paralelo. Algunas comunidades se contentan con recibir dinero, otras dicen “no, no me alcanza el dinero, y quiero que ustedes construyan tal infraestructura”, por ejemplo. Finalmente, otras no aceptan ni las compensaciones ni los impactos.
A mi modo de ver, los extractivismos que van acumulando impactos también cambian el nivel de conocimiento de formación y de organización de las comunidades, y por ello creo que la tendencia es que los umbrales bajan.
E: ¿No habría que considerar acaso también los impactos positivos que se pueden derivar de los extractivismos? Por ejemplo, al fomentar la generación de cadenas de proveedores, al ofrecer puestos de trabajo directos e indirectos, al fomentar inversión en ciencia y tecnología. ¿No cometemos un error si solo valorizamos los costos negativos de los extractivismos, pero no consideramos algunos de sus impactos positivos? Además, los defensores de dichas industrias extractivas, con los que debemos comunicarnos como dices tú, enfatizan estos impactos positivos.
G: Es que si seguimos nuestra definición de extractivismo, concluimos que el extractivismo carece de un impacto positivo.
El paquete, es decir, el extractivismo como totalidad, no tiene un impacto positivo. Desde tu mismo razonamiento habría que decir que si bien el reactor de Fukushima estalló, antes de eso también produjo una cantidad de impactos positivos: había desarrollo científico y tecnológico, estaban los trabajadores, la red de proveedores de servicios, etcétera.
Pero una vez que estalló, arruinó todo. Si bien el caso es diferente, buena parte de lo que hace el extractivismo es comparable, sobre todo en el caso de la megaminería, cuyos efectos son como amputaciones ecológicas.
Crítica del extractivismo, el desarrollismo y la emergencia de
una nueva teoría social en América Latina
Hay un acercamiento a los sujetos o actores a través de cómo internalizan, cómo se apropian del extractivismo, lo cual se vincula con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos 6 respecto de la multiplicidad de saberes 7.
También hay un enfoque que se concentra en el relato de la modernidad como un discurso hegemónico que también haría pensar una relación con Enrique Dussel 8 en términos de trasmodernidad.
¿Cómo dialoga claramente un enfoque como el extractivismo, que empieza a pensar América Latina como un concepto y como una realidad también total y diferenciada, con sus propias particularidades en la relación sistema-mundo para además tener un rendimiento práctico y político para la construcción de un nuevo escenario? ¿Es un diálogo práctico o un diálogo abstracto todavía?
G: Buenísima la pregunta. Hay un diálogo con muchos de esos autores. En ese diálogo con estos autores voy a hacer la distinción después entre práctico y abstracto. Comenzaré con el diálogo abstracto de “leer al autor”. Dialogo con varios de los autores que se han mencionado, como Dussel, Quijano y varios otros más. Ese es el diálogo, digamos, personal, de cuando uno está por ejemplo leyendo un texto. En lo que escribo, no siempre los cito a todos. Por eso me llama la atención que a veces evalúan lo que escribo o digo dependiendo de si cité a “fulano de tal” o porque no está citado “mengano”. Entonces a mí me parece importante señalar que hay un diálogo con varios de esos autores y que no necesariamente eso se traduce en una cita. Es más, hay otros que leo, me parecen interesantes, pero como estamos en desacuerdo con su formulación, aunque no con su espíritu crítico, no me parece interesante o relevante criticarlo.
¿Te pongo un ejemplo? A mí me parece que hay un diálogo bien interesante para hacer con [Walter] Mignolo y con [Enrique] Dussel. Me parece que es una lectura interesante Bolívar Echeverría, pero la defensa que hace Echeverría de que puede haber modernidades alternativas no es una línea en que yo me embarcaría a continuar. Por el contrario, creo más bien que hay que salir de la modernidad.
Es así que, pongamos por caso, la ausencia de Echeverría no quiere decir que no sea leído, quiere decir que se puede coincidir en su espíritu de crítica a la modernidad capitalista pero no estamos compartiendo la misma visión de las alternativas. Después hay otro nivel de diálogo con quienes son los compañeros de ruta, donde el diálogo se mezcla con el conocimiento personal y la reflexión compartida en diferentes niveles. Ahí es donde destacaría sobre todo Alberto Acosta en Ecuador, quien fue un buen amigo con el que iniciamos toda la reflexión sobre los extractivismos hace muchos años atrás. En paralelo también quisiera señalar mi amistad y diálogo con Arturo Escobar y Marisol de la Cadena, antropólogos.
Aquella discusión sobre los extractivismos de principios del 2000 no estaba claramente relacionada con los diálogos iniciales con Arturo Escobar, por ejemplo.
En parte eran como dos mundos más o menos separados. Lo que sucedió es que a medida que se avanzaba en la reflexión, las piezas de una línea de trabajo y las piezas de la otra línea comenzaron a coordinarse, a articularse unas con las otras.
Ante los extractivismos se necesitaba una crítica al desarrollo, y nuestra crítica del desarrollo era en parte inspirada por lo que hacía y escribía Arturo [Escobar].
A la vez, la realidad de lo que sucedía en América del Sur obligaba también a decirle a Arturo que él tenía que reformular sus propias críticas al desarrollo, ya que por ejemplo la llegada de los gobiernos progresistas cambió sustancialmente el marco del debate.
En el caso de Alberto Acosta, Arturo Escobar, Marisol de la Cadena y Mario Blaser, también mantenemos un espacio de diálogo que es raro en el mundo académico, que tiene un componente de generosidad y de apertura donde nosotros podemos discutir borradores de ideas, podemos incluso criticarnos y discutirnos desde diferentes abordajes y eso es parte de esa construcción en colectivo y a la vez individual.
E: Me parece que es poco usual encontrar ese nivel de diálogo en la comunidad científica, al que me refiero más como diálogo “práctico” que abstracto.
G: Sí, yo he visto varios colectivos que se llaman a sí mismos “grupos de trabajo” pero realmente no hay un trabajo compartido alrededor de un tema, más allá de reconocer que puede haber diferentes opiniones sobre la misma problemática –lo que no tiene nada de malo–, pero que igualmente se pueden discutir en común. Entonces, por un lado, a veces no se discute en común, porque hay competencia académica, pero por el otro lado hay casos de exageraciones en los que se supone que todos los participantes debemos arribar a conclusiones iguales e idénticas.
E: ¿Es también una consecuencia de “la modernidad” en las ciencias sociales latinoamericanas ese tipo de práctica?
G: Sí, bueno, no solo la modernidad. Me parece que hay un modelo academicista muy basado en el journal en inglés, con alto nivel de impacto, y que eso se está devorando la academia.
Una vez en un taller, discutiendo estos temas, estaban los editores de una de las revistas más prestigiosas de desarrollo rural de América Latina. Uno de ellos me relataba que producto de esta moda academicista del artículo en inglés, con el review y altos índices de impacto, tuvieron que reformular su revista para introducir estos sistemas de arbitraje, evaluación y publicar en inglés.
El editor decía que su revista hace diez años atrás publicaba mucho sobre temas de coyuntura, era leída en el país, la usaban los colectivos rurales, las federaciones agrarias, y participaba de un debate público nacional. Ahora, la revista tiene un excelente nivel en el ranking de las publicaciones académicas pero no se la lee. No es que no nos lea nadie, dijo, sino que la lee muy poca gente en el ámbito académico y no tiene impacto político.
E: En ciertos artículos dialogas con la teoría de la dependencia (TD), digamos, de forma crítica con respecto a su legado y a su actualidad. Al revisar, por ejemplo, “Conflicto y extractivismo, conceptos contenido y dinámica” uno está sujeto a pensar que al encontrarse América Latina en una coyuntura política, en una situación geopolítica a nivel regional donde izquierda, derecha o el gobierno de turno está atravesado por este modelo extractivista de dependencia global, de colonialismo externo, etcétera, la teoría de la dependencia sigue teniendo gran vigencia explicativa. Especialmente el caso de conceptos como sobrexplotación o sobrexplotación en el trabajo, también de acumulación por desposesión u originaria, ¿hay procesos en ese sentido, o sea, en esa dirección?
G: Sí, a mí me parece que algunas ideas de algunos autores del gran paquete de la TD, su visión y parte de su crítica son totalmente válidas en cuanto a la dependencia global, y en cuanto a cómo esa articulación global determina cierto tipo de estructura dentro de los países. Ideas que deben ser reformuladas, actualizadas y demás, pero como inicio de ese pensamiento en diálogo crítico con “nuestros propios autores”, conceptos como el de colonialismo interno, ideas referidas a la simetría en el comercio global, etcétera, todo ello sigue siendo necesario. Además, lo que más me gusta de toda esa época, de todo ese grupo de gente en esas tres grandes tendencias a su vez dentro de la TD, es que ellos se propusieron “pensar nosotros por ellos mismos”. Eso me parece muy válido.
Incluso, por ejemplo, releyendo el clásico libro Dependencia y desarrollo en América Latina 9, cuando lo repaso, me pregunto qué pasaría si ahora esa monografía es sometida a una revista arbitrada. Sospecho que sería rechazada. Es que hay ciertas generalizaciones, manejo de bibliografía, que puede ser cuestionado, etcétera.
Pero de todos modos me parece que aquel espíritu es interesante, y también, de esa época, creo que es muy potente esa práctica que había del ensayo crítico. Se escribían ensayos.
Entonces, volviendo a la pregunta anterior, también la manía de los Papers en los journal te fragmenta toda una línea de pensamiento que a veces se exagera para publicar diferentes artículos, porque eso me da más puntaje, cuando todo se podría resumir en un libro o en una monografía.
E: Cuestión que muestra otra cara de la dependencia, ¿no? ¿Cuál es entonces la “novedad” de esta dependencia?
G: Sí, sin duda. Bueno, pasa por la idea de extractivismo, neoextractivismo como concepto de extractivismo progresista. En mi uso, la palabra neoextractivismo fue puesta de manera secundaria para darle agilidad al texto, porque el término en el que pensamos en aquel momento era “extractivismo progresista” en paralelo a los extractivismos conservadores. Entonces, para no repetir extractivismo progresista o porque era muy largo poníamos neoextractivismo [risas].
Esa palabra se popularizó.
Más recientemente la he visto en usos, especialmente desde el inglés y del alemán, que están alejados, incluso, del significado inicial de hace diez años atrás. Por ejemplo, hay quienes piensan que el neoextractivismo es una fase pos o nueva del extractivismo, cuando la discusión a la que se respondía en aquel momento era una coyuntura política muy clara.
En aquel tiempo los gobiernos progresistas decían: “Como nosotros somos de izquierda, no hacemos extractivismo. Lo nuestro no se llama extractivismo”. Por lo tanto, la respuesta de reflexión y de práctica desde donde estamos fue decirles: “No, ustedes hacen un extractivismo que es distinto, es un extractivismo progresista”
E: ¿No podría ser una modalidad o una variedad más del extractivismo?
G: Es la definición de extractivismo conservador, que incluye los casos chileno, peruano y colombiano. En Chile hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ha habido un intento de reforma de la gestión minera para reducir sus impactos, y eso ha introducido ciertas exigencias para las empresas, incluso fuertes presiones para que desarrollen políticas de responsabilidad social empresarial y demás.
Pero en verdad es típica de los extractivismos conservadores la apelación a una gestión de mejor calidad científico-tecnológica y la trasferencia de ciertas políticas de compensación económica que se traducen en lo social. Así, en vez de llevar adelante el gobierno municipal o el gobierno nacional la regulación o la gestión de algunos los impactos socioambientales de la actividad empresarial, se privilegia que lo hagan directamente las propias empresas. Pero eso no cambia para nada la esencia del extractivismo.
También me parece que hay un cambio en la actitud de las grandes empresas. Ustedes ven, por ejemplo, los informes sobre la marcha del sector minero a nivel global, donde parecería que a mediados de los años 2000 las grandes mineras reconocieron que tienen que hacer ciertos cambios de gestión porque llegaron a “un techo en el poder” al ingresar a ciertos países y territorios. Además estas empresas ya introducen como uno de los principales factores de riesgo los conflictos con las comunidades locales.
Por otro lado, tener una activa política de responsabilidad social empresarial era mucho más fácil con los altos precios de las commodities, porque el excedente que manejaban las empresas era más alto y les permitía gastar plata en eso. Ahora, tengo mucha curiosidad de ver qué pasa con esas políticas empresariales en la actualidad, en esta época restrictiva. Vemos, por ejemplo, que sobre todo las empresas mineras se están retrayendo, achicando, incluso vendiendo parte de sus activos.
Entonces, surge la pregunta ¿qué capacidad tienen para mantener esos programas de responsabilidad social en contextos más restrictivos?
E: Tomando justamente esa pregunta, tú mencionaste en tu conferencia de hoy los temas de la compensación y de la corrupción. No sé si cabe ponerlo en una especie de continuo, pero te voy a nombrar otros temas, como la figura del lobby y las políticas de responsabilidad social. Todas ellas –políticas de responsabilidad empresarial, compensación, lobby e incluso corrupción– tienen que ver con maneras de negociación de los impactos con las comunidades, con los entornos, y también con tratar de mover esos umbrales, de modificarlos. La pregunta fundamental es ¿crees tú que estos fenómenos pueden ser comprendidos como constitutivos de una misma operación fundamental?
G: No, una operación no. Me parece que son distintos factores moviéndose, pues no creo que estén organizados.
E: Aun así hay algunos autores que han llamado posextractivismo a este modelo que busca la dinámica de compensación, de gestión, de manejo sustentable, responsabilidad social, “gobernanza”, etcétera.
G: Sigue siendo extractivismo, como decía anteriormente.
E: En tu texto “El posdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa” 10, hay una parte donde hablas de los “modos de pensar el desarrollo” y actuar en su nombre. Así es como identificas su forma de saber, sistemas de poder, formas de subjetivación y régimen de representación. A partir de estos cuatro elementos, las empresas empiezan a tener otro enfoque en términos de gubernamentalidad dentro de los espacios territoriales. ¿Qué es lo nuevo en esta dinámica de expansión del capital?
G: Creo que las empresas son consecuencia de eso. Me parece que esto no solo lo generan las empresas, lo generan múltiples actores en múltiples niveles a la vez.
E: ¿En qué actores estás pensando? ¿En el Estado…?
G: Sí, y en los políticos, la academia también. Una de las consecuencias de esta articulación de este conjunto heterogéneo de actores es este tipo de empresa que desempeña actividades extractivas.
Si tú dices “esto lo crean las empresas” es como si consideraras que las empresas son un actor privilegiado, que crean el tipo de gubernamentalidad que permite esa modalidad de desarrollo. Pero la idea de gubernamentalidad o de régimen de saber es mucho más profunda que la organización de la empresa.
Para expresar esa profundidad a veces utilizo la palabra cultura. Pero no es el mejor término.
Por eso se usa a veces el concepto ideología, pero también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en el uso tradicional la palabra ideología termina siempre pensada como ideología política partidaria.
Cuando utilizamos la palabra cultura, que me parece que tiene la ventaja de ser más abarcadora, debemos admitir que su uso tiene un problema. La concepción pluralista de cultura (es decir, de culturas en plural, que es más adecuada que una visión de cultura en singular) no asegura una adecuada comprensión de su relación con la naturaleza.
Quienes aceptan esa pluralidad de culturas también se equivocan cuando tienen como referencia una única naturaleza, concebida como una entidad científicamente descriptible y objetiva en sí misma. Sin embargo, en la realidad cuando vamos a lugares concretos, por ejemplo, a diferentes territorios y comunidades en América del Sur, encontramos que hay concepciones de culturas en plural que van englobadas, atadas, articuladas con concepciones de naturaleza también distintas. Son paquetes asociados.
Entonces, para incluir esa diversidad en concepciones de naturaleza y culturas la palabra que hay ahora, en una cierta definición de ella, es ontología.
Este término, ontología, describe la cultura y la naturaleza a la vez, y por eso en los últimos años paulatinamente he ido usando más la palabra ontología, la que no siempre es fácil de explicar en una conferencia o en un taller. Por ejemplo, cuando hacemos talleres con organizaciones locales o grupos indígenas, frecuentemente usamos como sucedáneo la idea de “territorios del saber y del sentir”, pues eso ellos lo entienden.
Y los talleres son fructíferos, funcionan porque entienden que hay un espacio propio que es del saber y del sentido. Entonces, no es porque usemos la palabra ontología que estamos hablando de lo mismo, al igual que cuando se habla del concepto de territorio, del saber y del sentido.
E: Me parece muy interesante este tránsito desde el uso de categorías más materialistas, ancladas en ciertas versiones del marxismo, que son articuladas con otras categorías que forman parte de este nuevo giro ontológico en la teoría social. Uno ve algo similar también en Quijano 11.
G: Sí, sí, tal cual.
E: ¿Cómo evalúas ese tránsito en el pensamiento latinoamericano contemporáneo, visible tanto en tu caso como en el de Aníbal Quijano, por nombrar solo dos casos?
G: A mí me parece que es un tránsito que aprendí a los golpes, por medio del trabajo en algunos lugares concretos y con alguna gente de grupos locales donde la aproximación convencional no funciona. Es decir, la aproximación convencional no recoge y no permite un diálogo con lo que está pasando en algunos sitios.
Además, las visiones convencionales tampoco son capaces de ofrecer propuestas alternativas al desarrollo. No funcionan, por ejemplo, para salir del extractivismo.
El extractivismo tiene una fuerte base cultural que le permite reproducirse en el tiempo, y que es común tanto a sus versiones progresistas como conservadora. Los problemas del extractivismo no se corrigen solo con una reforma tributaria o una reforma de la propiedad de los recursos. Hay que atacar esas otras concepciones más profundas que le subyacen.
Tampoco esto quiere decir regresar a un indigenismo, porque el que de verdad hace trabajo con esas comunidades ve que en las comunidades indígenas hay mucha pluralidad también, hay muchos problemas. Por ejemplo, un problema repetido en muchas comunidades indígenas o campesinas es el machismo. Entonces ellos también necesitan un diálogo con todos los diálogos feministas, especialmente con las ecofeministas. Es una tarea de aprendizaje, de diálogo y cambio de todos, y de todo a la vez.
E: Hasta qué punto hay, o puede haber, riesgo de romantizar ciertas formas de pensamiento como el indigenismo.
G: Pero no tiene nada malo. ¿Por qué se usa romantizar en un sentido negativo?
E: Cierto. Ahora yo lo estoy utilizando en ese sentido negativo para especificar una forma de comprender la realidad de manera mistificada. Tal vez habría que decir mitologizar ciertas formas de pensamiento.
G: Está bien, entiendo. Pero para escarbar en el problema, los defensores del desarrollo son los más románticos de todos, porque te lo presentan como maravilloso, y si admiten un problema es porque alguien lo aplicó mal.
Entonces tampoco hay que tenerle miedo a romantizar ciertas ideas para poder hacer una ruptura con el mito del desarrollo.
Tenemos que dialogar y convencer a amplias mayorías, eso es parte de esa tarea. Tiene que haber un sentido en ello, que las personas vean esa alternativa no solo como potencialmente posible, sino también como más querible. La salida de una alternativa no va a ser racional, no va a ser una ecuación matemática. Va a ser una cuestión muy enfocada, enraizada y articulada con emociones y sensibilidades de querer cambiar.
Las transiciones operan sobre las ontologías.
E: Muchas de las categorías que estás utilizando, pero además tu lógica explicativa, tienen cierta resonancia con el pensamiento gramsciano. Te refieres a la cultura, a ir ganando posiciones en la sociedad, a la necesidad de persuadir a grandes mayorías, y al desafío que implica este proceso, que debe ser no solo racional sino sobre todo emocional. ¿Hay tal influencia?
G: No lo sé. Me da miedo discutir frente a autores marxistas porque siempre hay mucha gente que sabe más que yo de eso. Me parece que esa discusión, académica, de si tal autor marxista dijo tal cosa o tal otra, o si quería decir lo opuesto, no es conveniente para mis intereses.
E: Lo entiendo. Pero cuando tú afirmas que la solución no es una solución de “una ecuación,” no es una “solución racional”, sino que esta necesidad de hacer grandes cambios para hacerse efectiva debe apelar a los sentimientos, debe apelar al convencimiento de grandes masas, ¿no estás acaso pensando en política y en hegemonía?
G: Sí, es así. Pero la discusión, por englobar la dimensión ambiental, impone diferencias importantes con toda la tradición marxista. Aún con aquellos que reivindican una lectura de un marxismo ecológico. Porque de todas maneras, lo que encontramos en el marxismo convencional es una reivindicación de las ideas de progreso materialista. Hay sobre todo un énfasis del ser humano como único sujeto capaz de asignar valor. En cambio, si nosotros estamos ahora defendiendo los derechos de la naturaleza, entonces reconocemos que hay “sujetos no humanos”.
Esa es una ruptura importante con las versiones marxistas, al menos con aquellas definidas de manera más estricta o dogmática.
Dicho esto, hay en la tradición que podríamos llamar marxiana importantes reivindicaciones para esta crítica, que es a la vez social y ambiental. Por ejemplo, lo que mencionaba hoy, el uso que nosotros hacemos en la categoría de excedente, que está basada sobre todo en Paul Baran que es una relectura de la idea de renta de Marx 12.
O la introducción del concepto de “modos de apropiación” hermanado con el de “modos de producción”, que es también una lectura marxiana. Entonces ahí hay muchos componentes que podemos utilizar de una forma creativa para la discusión actual.
E: Me ha llamado la atención tu énfasis en la cultura, el espacio simbólico, y tu afirmación de que tenemos la necesidad de dialogar más con sociólogos y filósofos, pues como dijiste en tu presentación de hoy las respuestas a los problemas del desarrollo no parecen tenerlas los economistas ni están en la economía como disciplina. Si eso es cierto, en el actual contexto latinoamericano, ¿cuál es el tipo de teoría del desarrollo que estamos necesitando? O dicho de otro modo ¿qué tipo de teoría necesitamos para enfrentar la actual coyuntura?
G: Hay que reconocer varios problemas en la elaboración teórica, solo voy a mencionar algunos destacados. Primero, en la discusión sudamericana sigue habiendo una fuerte dependencia del entramado teórico y conceptual que se origina en los centros académicos globalizados, especialmente del norte. No me refiero solo a un norte geográfico, porque muchas veces uno lo encuentra en las más grandes universidades de Santiago de Chile, en Buenos Aires, o en Sao Paulo y se reproduce un marco teórico y un tipo de reflexión análogos o similar al que uno encontraría en las grandes universidades de los Estados Unidos de Norteamérica o de la Europa continental.
Nosotros tenemos que recuperar una forma nuestra de hacer teoría. Eso tiene algunas ventajas y algunos riesgos. Cuando me refiero a una nueva forma de hacer teoría no quiero decir que esta no debe ser rigurosa. Tiene que ser rigurosa, muy rigurosa, y también más rigurosa que la teoría convencional porque debe lidiar contra ella.
También reconozco que hay teorizaciones que yo “acompaño en espíritu”; comparto el mensaje que tratan de promover y su reflexión o la reflexión que tratan de desencadenar. Pero que lamentablemente carecen de rigurosidad.
Segundo, esa reflexión de tono sudamericano no quiere decir que sea aislada de los debates internacionales.
Por el contrario, debe recuperar los debates internacionales en aquello que nos interesa, aquello que nos parece importante para nuestra tarea de reflexión y las prácticas que nos rodean.
Tercero, me parece que es muy necesario redescubrir o repensar lo que se ha escrito, lo que se ha conceptualizado en nuestra propia región. Por ejemplo, muchas veces encuentro artículos de jóvenes latinoamericanos, que invocan una idea que ya la había dicho algún otro latinoamericano en los años treinta, cuarenta o cincuenta, sin embargo, prefieren citar a un autor estadounidense o francés, y mejor si lo citan en una lengua extranjera.
Me parece que falta una reconstrucción de algo así como nuestra propia historia de las ideas para que sean visibles y para que participen en un diálogo con otros entramados teóricos.
Cuarto, estimo que tenemos que repensar qué quiere decir teoría crítica hoy, en el sentido de qué es lo crítico y cuáles son las especificidades de América Latina para que se dé un abordaje crítico diferente de, por ejemplo, Europa, Norteamérica o Asia.
Para mí esos componentes de la actual teoría crítica latinoamericana requieren algunas inflexiones muy importantes. Primero, nosotros tenemos una particular historia que no se repite en otras regiones. Hay que tener en cuenta esa herencia histórica que mezcla lo indígena y lo colonial, la imitación y lo original. Segundo, cualquier reflexión de una teoría crítica tiene que contener un componente ambiental. No olvidemos que estamos en América Latina, que es uno de los grandes reservorios de biodiversidad que aún persisten en el planeta. Entonces necesariamente tiene que haber un componente de esa cuestión ecológica.
Tercero, vinculado a la recuperación de nuestras propias escuelas, me parece que una reflexión crítica siempre tiene que estar también articulada, a veces más, a veces puede ser menos, pero tiene que estar vinculada a los aconteceres reales de la gente real, con prácticas concretas. Considero muy importante la tradición sudamericana sobre la investigación participante y la investigación acción participante que por alguna razón ha quedado en desuso en los últimos años en varios lugares.
En mis investigaciones, muchas de las preguntas parten de lo que veo en diferentes lugares e intentan responder a las preguntas que provienen de esos lugares.
Por lo tanto, necesitamos una teoría crítica que sea enraizada en lo ecológico, en la historia y la cultura, que sea latinoamericana, que sea rigurosa y que también sea independiente.
Ese sería mi último punto en esta reflexión, porque si bien los gobiernos progresistas han tenido muchas ventajas, también han generado un efecto extraño en algunas comunidades científicas en que han terminado con una adhesión casi acrítica de lo que han hecho los progresismos. Es una postura con muchas incapacidades para analizarlas en forma independiente, y eso le ha hecho mal a la propia expresión política del progresismo porque no ha recibido a tiempo la crítica que era necesaria para que se reformulara.
Un síntoma de un bienvenido cambio es que este tipo de pregunta que me acabas de hacer antes no era frecuente pero en el último año me la han hecho varias personas.
E: Ese es un síntoma.
G: A mí me parece un supersíntoma, superbueno. Son preguntas que hace gente joven.
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Notas
1. Eduardo Gudynas, “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”, Nueva Sociedad 237 (2012): 128-146.
2. N. de los E.: el término glocal es un neologismo con el que se describen fenómenos que presentan consideraciones de escala tanto global como local. Bob Jessop en “Reflections on the (Il)Logics of Globalization”, en Globalization and the Asia Pacific: Contested Territories, ed. K. Olds et al. (Londres: Routledge, 1999), 19-38, se refiere a la glocalización como una estrategia de las firmas para obtener beneficios a nivel global de características y diferencias situadas localmente. Erik Swyngedouw en “Territorial Organization and the Space/Technology Nexus”, Transactions of the Institute of British Geographers 17, no. 4 (1992): 417-433, enfatiza procesos de escala global como la acumulación y expansión del capital y su control sobre el espacio, y las reestructuraciones territoriales que implican a escala local estos fenómenos Globales
3. N. de los E.: Gudynas usa transiciones entre comillas para referirse a un concepto específico en el marco de su teoría posdesarrollista. Transiciones se refiere al diseño de estrategias para salir del extractivismo por medio de procesos de construcción social de aprendizajes situados en contextos históricos concretos. Así, las salidas del extractivismo serán comprendidas como procesos en construcción, en los que tienen lugar ensayos, errores y un aprendizaje de sus posibilidades y límites. Ver Gudynas, Eduardo “Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo”, en El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina, coord. Fernanda Wanderley (La Paz: cides / umsa, 2011), 379- 410
4. Eduardo Gudynas, “Conflicto y extractivismo. Conceptos contenidos y dinámicas”, Decursos 27-28 (2014): 79-115
5. Anibal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, comp. E. Lander (Buenos Aires: clacso, 2000), 201-246.
6. Boaventura de Sousa Santos, Descolonizar el saber (Montevideo: Ediciones Trilce Extensión Universitaria, Universidad de la República, 2010)
7. Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2000) y “Epistemologías del Sur”, Utopía y Praxis Latinoamericana 16, no. 54 (2011): 17-39
8. Enrique Dussel, Transmodernidad e interculturalidad. Interpretación desde la filosofía de la liberación (Ciudad de México: uam-Iz., 2005)
9. Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1977)
10. Eduardo Gudynas, “El postdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa”, en Buena vida, buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad, comp. Gian Carlo Delgado (Ciudad de México: ceiich, unam, 2014), 61-95
11. Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 201-246 y “Colonialidad del poder y clasificación social”, Journal of World-Systems Research, Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I 4, no. 2 (2000): 342-386
12. Véase Paul Baran, “Economic Progress and Economic Surplus”, Science and Society 17 (1953): 289-317 y La economía política del crecimiento (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1975), y de Karl Marx, Teorías sobre la plusvalía (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1987) y El capital. Crítica de la economía política (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995)
EG - postaporteñ@ 1746 - 2017-04-01
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